Cajasol hará una oferta para gestionar una Isla Mágica con más edificabilidad
El Consejo de Administración de Cajasol aprobó ayer por unanimidad presentarse al nuevo concurso convocado por la Junta de Andalucía para explotar los terrenos de Isla Mágica con una nueva edificabilidad de 55.000 metros cuadrados y un plazo de concesión de 50 años. El acuerdo de Cajasol es vital, ya que tiene el 70% de PIMSA, la empresa que explota el parque temático de Isla Mágica y que el próximo jueves celebrará junta general de accionista para decidir si se presenta al concurso, cuyo plazo de presentación de ofertas acaba el próximo 14 de octubre.
La decisión del Consejo de Administración de Cajasol fue aprobado previamente por el comité de inversiones de la caja que preside Antonio Pulido. La entidad financiera decidió también avalar con 6 millones de euros al parque para que afronte la deuda que mantiene en concepto de alquileres e IBIs atrasados con la empresa públicas Agesa y Epsa, así como con el Ayuntamiento de Sevila. Como se recordará, el parque tiene unos ingresos anuales de casi 19 millones de euros y arrastra deudas por 14 millones de euros.
Asimismo, Cajasol acordó ayer depositar 427.334 euros en concepto de aval provisional para presentarse al concurso para seguir gestionando Isla Mágica, así como depositar 825.000 euros si gana el concurso y 331.000 como canon anual anticipado.
Curiosamente, en enero de este mismo año, PIMSA -participada en un 70% por Cajasol y en un 12% por Unicaja- aprobó renunciar al contrato de explotación del parque, lo que permitía a la Junta de Andalucía -propietaria de la mayoría de los terrenos- a sacar de nuevo a concurso la explotación de los suelos, aunque con una nueva edificabilidad y un mayor plazo de amortización. A cambio, Isla Mágica recibiría del nuevo concesionario una indemnización de entre 30 y 40 millones de euros.
La Junta convocó un primer concurso, que quedó desierto a pesar de que se prorrogó el plazo para presentar ofertas hasta junio de 2008. ¿Por qué no pujó ninguna de las empresas que en 2007 querían comprar o alquiler el parque: Martín Casillas, Parques Reunidos y Mayve? Por una parte, la Junta estipuló un canon progresivo que llegaría a 1,3 millones de euros anuales a partir del octavo año. Por otra parte, el Gobierno andaluz no se hacía responsable si Urbanismo de Sevilla no aprobaba después el proyecto del nuevo concesionario.
La Gerencia de Urbanismo se negó a autorizar previamente el proyecto de Martín Casillas -que contemplaba una inversión de 250 millones de euros- si no pasaba todos los trámites reglamentarios. Así las cosas, ninguna empresa quiso pagar a PIMSA una indemnización de más de 30 millones de euros con el riesgo de recibir un varapalo del Ayuntamiento. Tras el fracaso del primer intento, la Junta convocó un segundo concurso este año, en el que mantuvo el canon progresivo, aunque decidió que cobraría 1,3 millones de euros anuales a partir del décimo año y no del octavo.
Un «as» en la manga
Como parece que el concurso podría quedar de nuevo desierto, PIMSA se siente obligada a presentarse, aunque esta vez con un «as» en la manga: podría vender sus acciones a otra empresa -Martín Casillas u otra- una vez ganado el concurso sin autorización expresa de la Junta. En la anterior convocatoria, el adjudicatario podía vender sus acciones, aunque antes debía autorizarlo expresamente la Junta de Andalucía en el plazo de tres meses. El nuevo concurso, sin embargo, estipula la posibilidad de transmitir las acciones de la concesionaria con la autorización de la Junta, si bien se considerará positiva su respuesta si hay silencio administrativo. Es decir, que no es necesario autorizarlo expresamente, sino que basta con que la Junta dé la callada por respuesta cuando pida permiso la nueva concesionaria.
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