LOLA RODRÍGUEZ

SEVILLA. La Empresa Municipal de la Vivienda de Sevilla ha sido denunciada por presunto fraude ante el Juzgado de Instrucción número 8. En el escrito de acusación, los demandantes alegan la «imposición de cuatro vallas ilegales en el espacio ajardinado común de la planta baja» y añaden el uso «lucrativo» por parte de dos guarderías y de los propietarios de los bajos, «que han tenido la desfachatez de realizar una acometida desde la boca de riego a su propia vivienda, lo que le permite un considerable ahorro en el consumo doméstico».

Para los vecinos, residentes desde 1996 en dos bloques de pisos de VPO del Polígono Aeropuerto, «corrobora el fraude» la existencia de varias bocas de riego abastecidas por un pozo subterráneo, presentes en los cuatro patios y contempladas literalmente en el proyecto como «seis bocas de riego en zonas privadas, a sabiendas de que ni el espacio ni el uso de los pozos son privados». Por este motivo y por la inclusión de las «vallas ilegales», los residentes han demandado en repetidas ocasiones al Colegio Oficial de Arquitectos de Sevilla, acusando la «irresponsabilidad» de los profesionales que dieron el visto bueno a un proyecto con «irregularidades», en tanto en cuanto dichos cerramientos aparecen en el mismo como «vallas no fijas o atornilladas sino correderas». A su juicio, el papel ejecutado por los arquitectos, sirve de respaldo a la empresa pública «para justificar el fraude, ya que Emvisesa alega que las vallas constan en el proyecto básico y en el de ejecución final y no son más que elementos separadores en zona común».

Oídos sordos

Pero no sólo el Colegio de Arquitectos ha sido blanco de las denuncias vecinales, que también han recaído «en diversas ocasiones, de forma reiterada y sin éxito, ante la propia Emvisesa, que nos responde que no atenderá reclamaciones si no son por vía judicial». Del mismo modo, han recibido «silencio administrativo» por parte de la antigua Consejería de Obras Públicas y Transportes, que aunaba las actuales carteras de Vivienda y Ordenación del Territorio, así como Obras Públicas y Transportes. Los afectados también recibieron la callada por respuesta a una solicitud de entrevista con el Inspector de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Vivienda. Además de la propia Emvisesa, los demandantes consideran que los propietarios de las cuatro viviendas ubicadas en la planta baja «participan en el fraude» porque se están beneficiando económicamente del uso de estas zonas «por lo que están obligados a la restitución de las ganancias y al resarcimiento del daño».