Los seis acusados de desvalijar el Ayuntamiento de Marbella en la llamada «operación Saqueo», entre ellos, el ex gerente de Urbanismo, Juan Antonio Roca, comenzaron ayer a declarar en la Audiencia Nacional. Su estrategia era previsible: culpar a alguien que ya no puede defenderse porque está muerto.

Aunque pueda sonar cómico, y con el mayor de los respetos a los «presuntos» que a día de hoy también estarían sentados en el banquillo, echarle la culpa al difunto es una estrategia de defensa más en la jurisdicción penal. No es nada nuevo, ni tampoco imprevisible en el caso de los acusados de la «operación Saqueo». La Fiscalía les acusa de haber desviado 36 millones de euros del Ayuntamiento de Marbella a supuestas sociedades municipales justificando el pago de servicios y proyectos que nunca llegaron a realizarse. Y pide penas de entre 8 y 10 años de prisión.

La estrategia de los primeros acusados fue la misma: responsabilizar de todas las operaciones y pagos al fallecido José Luis Jiménez, a cuya mujer (también imputada) el acusado Eduardo González reconoció haber ingresado (siempre por orden del ya fallecido) varios cheques, por importe de 50 millones de pesetas en 1991 y de 35 millones en 1992.

«¿Está usted diciendo que ingresaba dinero de sociedades municipales en la cuenta de Purificación Notario (la viuda de Jiménez)? ¿Y no le parecía extraño tratándose de una cuenta particular sin ninguna relación con el Ayuntamiento?», preguntó la fiscal Belén Suárez.

González, considerado por el Ministerio Público, responsable de las entradas y salidas de dinero de la empresa «Contratas 2000» (una de las del «entramado»), aseguró que nunca cuestionó las ordenes de Jiménez, pues «era un jefe autoritario» que no daba pie a pedir explicaciones. «Fíjese usted -se justificó el acusado-. Una vez varios trabajadores fueron a reclamarle el retraso de un pago, cogió el nombre de todos y luego les despidió».

La defensa de este acusado se centró en restarle responsabilidades, en convertirle en un trabajador más y no en la persona en la que, según el Ministerio Público, recaían los movimientos de la empresa.

Contabilidad B

Además, Manuel Jorge Castel, el considerado contable del entramado financiero que supuestamente crearon los seis acusados, dijo que las anotaciones que constan como B en sus notas no es porque haya una «contabilidad B», sino que significa «balance» o «banco». La fiscal le recordó irónicamente que en la declaración que prestó en en fase de instrucción atribuyó también la B al calificativo « bueno».

Está previsto que tras las dos jornadas de declaraciones, el juicio continúe los días 7, 13, 14, 17 y 18 de noviembre con las declaraciones testificales. El 13 acudirá a declarar en calidad de testigo Julián Muñoz.