Decenas de municipios malagueños miran de reojo al Ayuntamiento de Marbella,que preside la popular Ángeles Muñoz, para tratar de legalizar, igual que el Consistorio marbellí, miles de viviendas ilegales. Concretamente en la comarca de la Axarquía, que aglutina a 31 municipios, hay más de 40.000 expedientes abiertos por la Junta de Andalucía. En Mijas, uno de los municipios de la Costa del Sol mas afectado por las irregularidades urbanísticas, existen 8000 viviendas ilegales, según el PP, aunque el equipo de gobierno mijeño, gobernado por el PSOE, sólo reconoce 500.

El presidente de los populares en la Viñuela, Francisco Jesús González Santiago, se mostró muy crítico con el alcalde del municipio, el socialista Juan Millán, que acumula numerosas denuncias por presuntas irregularides urbanísticas, y la Junta de Andalucía.

González responsabilizó a la Junta por mirar hacia otro lado en materia urbanística en la Axarquía durante los últimos años, pero sobre todo por dejación en ayuntamientos gobernados por el PSOE como Alcaucín, Canillas de Aceituno y la Viñuela, entre otros.

Para el dirigente popular, la solución que está buscando Marbella para liberar a los compradores de buena fe de las compensaciones y cargas urbanísticas es buena y podría ser también una solución para los compradores de la Axarquía, donde el turismo residencial es la principal fuente de su economía. «No podemos penalizar a los extranjeros, ni a las personas de buena fe que compraron sus viviendas por indicación de unos irresponsables e ineptos», apuntó González, quien insistió en la necesidad de resolver los miles de expedientes que hay en la zona.

Por otra parte, el portavoz del PP en Mijas, Ángel Nozal, criticó al alcalde socialista de Mijas, Antonio Sánchez, por no paralizar las multas que se vienen imponiendo a vecinos con viviendas irregulares, cuya cifra total podría llegar hasta las 8.000, aunque el equipo de gobierno asegura que son únicamente 500.

Angustia

Juan Antonio Blanco, el presidente de la Asociación por la Regularización de las Viviendas de Mijas, expresó la angustia que padecen miles de vecinos que se encuentran en esta situación, a la cual, según ha reconocido «el Ayuntamiento, garante de la legalidad urbanística, por acción u omisión, ha contribuido». Precisamente esta responsabilidad compartida es la que ha llevado a este colectivo, con el apoyo del PP, a plantear la aprobación de unas medidas contempladas en el marco de la Ley para paliar las gravosas consecuencias de los expedientes de demolición.

Los vecinos piden al alcalde que no se oponga a la suspensión de los procedimientos cuando ésta sea solicitada por vía judicial; que el Ayuntamiento acceda anular los procedimientos en los que no se ha concedido al interesado el trámite de audiencia reconocido en el art. 105 de la Constitución y que garantiza el derecho a la defensa del denunciado, al permitirle conocer su expediente.

Una omisión que, según explicó el portavoz popular, Ángel Nozal, ha sido reconocida por la asesoría jurídica del Ayuntamiento, «si bien la califica de mera irregularidad, a pesar de que nos da motivos para anular esos expedientes y volver a su inicio, lo que retrasaría suficientemente la imposición de estas multas, como se está haciendo en otros casos».

Sin embargo, las propuestas de los afectados se han encontrado con el rechazo tajante del PSOE, cuyo portavoz, Pedro Fernández, se ha limitado a acusar al PP de «politizar» el asunto. Fuentes municipales señalaron que el Ayuntamiento está elaborando un catálogo de viviendas ilegales, en el que participan técnicos de la Junta y el Consistorio.

Las mismas fuentes señalaron que los casos de Marbella y Mijas son diferentes, entre otras razones, porque en la primera las irregularidades se dan en grandes promociones y en la segunda en casas familiares.

El concejal popular de Mijas, Manolo Navarro, puso como ejemplo de irregularidades la cometida en el número 58 del diseminado de La Alquería, por parte de una persona que fue concejal socialista en la pasada legislatura.

En este sentido, el presidente popular, Ángel Nozal, señaló que si el alcalde no apoya las demandas de los afectados, el PP acudirá a la Fiscalía para que se investigue la comisión de un presunto delito por omisión por parte de los anteriores gobiernos socialistas, porque de otra forma, «también esa omisión podría atribuírsenos al PP en el futuro».