Coche oficial, prebendas, dietas por desplazamiento. El «caso Benach» ha abierto una reflexión sobre los gastos de representanción de las instituciones públicas. Y la crisis económica no hace más que ampliar la lupa sobre las cuentas de gastos de nuestros representantes, que no dejan de anunciar contención en sus presupuestos.

En este contexto, sorprende especialmente que máximos responsables de la Administración autonómica sigan cobrando las dietas por desplazamiento como diputados del Parlamento autonómico, pese a disponer de coche oficial, sueldo y dietas por el mismo concepto como consejeros de la Generalitat. Es el caso del vicepresidente catalán, Josep Lluís Carod-Rovira. O del consejero de Interior y Relaciones Institucionales, además de líder de ICV, Joan Saura, quien recriminó en su momento a Benach los extras añadidos al coche oficial. O el titular de Economía, el socialista Antoni Castells, que el martes anunciaba unos presupuestos de crisis ante la previsión de 55.000 nuevos parados en Cataluña.

Las tarifas

El reglamento económico de los diputados catalanes contempla indemnizaciones por gastos de viaje y desplazamientos en función del lugar de residencia que oscila entre los 21.602,22 euros que cobra al año un diputado que reside en la ciudad de Barcelona o en su área metropolitana, y los 30.411 euros para aquellos que residen a una distancia superior de 191 kilómetros de Barcelona. Carod-Rovira, residente en Cambrils (Tarragona), es por tanto el miembro del tripartito que más cobra por este concepto.

Este régimen no es aplicable al presidente del Parlamento ni a los miembros de la Mesa, porque cuentan con coche oficial, pero sí a los consejeros autonómicos que conservan su acta de diputado y que ya tienen coche oficial. Ninguno de los miembros del Gobierno que continúa siendo parlamentario ha renunciado a esa indemnización, que cobran a través de sus respectivos grupos en la Cámara autonómica.

Igualmente llamativo resulta el compromiso del tripartito con la política exterior catalana, una competencia arañada en el nuevo Estatuto, que habla de la «proyección de Cataluña en el exterior» y de «promover sus intereses respetando la competencia del Estado en materia de relaciones exteriores», según su artículo 193.

Para desarrollar esa nueva competencia, siempre amparada en el aparato diplomático del Estado, el tripartito presupuestó para 2008 un Programa de Relaciones Exteriores de 18,6 millones de euros. Programa tutelado por el vicepresidente Carod-Rovira, que se ha apresurado a abrir «embajadas» catalanas durante la primera mitad del mandato. De hecho, la Secretaría de Exteriores tiene un presupuesto global de 86 millones, de los que 67 corresponden a cooperación y ayuda al desarrollo.

El gasto exterior

En enero, recién superado el ecuador de la legislatura, Carod abrirá la cuarta delegación exterior en Nueva York, pero antes se han inaugurado las de Berlín, Londres y París, esta última con el hermano del vicepresidente, Apel.les Carod-Rovira, al frente. Y en lo que queda de legislatura, haya o no crisis, Carod-Rovira espera abrir dos nuevas «embajadas» en Buenos Aires y México D.F.

La Generalitat presupuestó para 2008 un total de 1,3 millones de euros por concepto de «Oficinas y misiones exteriores». Muy lejos de los 187.000 euros alegados en una respuesta parlamentaria del Gobierno catalán, cuando el PP preguntó por el coste de las dos primeras delegaciones inauguradas por Carod-Rovira.

La secretaria de Relaciones Exteriores de la Generalitat, Roser Clavell, afirmaba en julio que la «embajada» de Cataluña en Berlín tendría un coste anual de 91.360,93 euros entre alquiler, obras de acondicionamiento del local y gastos corrientes. No incluía el sueldo del delegado, con categoría de Director General, lo que supone un bruto anual de 87.596 euros. En la misma respuesta, Clavell cifraba 96.429,74 euros el coste de la de Londres.

Sin embargo, los datos del presupuesto son otros. Y si a ese concepto se añade el gasto de exposiciones y otras actividades de promoción, atenciones protocolarias, publicidad, organización de reuniones y conferencias, premios y «otros gastos», la partida llega a los 3.650.112,29 euros.