NURIA PÉREZ CAMPAÑA

DOS HERMANAS. Las compañías de telefonía móvil tendrán a partir de 2009 una nueva batalla legal. Ya mantienen un frente abierto con el Ayuntamiento de Sevilla y el de Las Cabezas de San Juan, al que se suma ahora el Consistorio nazareno que aplicará también la tasa de dominio público a las operadoras móviles implantadas en su término municipal.

Buscar así vías de financiación que aumenten los ingresos en las arcas municipales tras el bajón inmobiliario está a la orden del día y más cuando la bendice una circular venida directamente de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP). La cuantía se determinará a partir de aplicar al ámbito local la ratio de ingresos totales por operaciones de los compañías de telefonía móvil y del número de clientes de tales servicios.

Según los cálculos del equipo de Gobierno, que lidera el socialista Francisco Toscano, se cobrará casi un millón de euros al conjunto de las compañías por el aprovechamiento de espacio público para sus instalaciones. La nueva tasa supondrá al Ayuntamiento unos ingresos de casi un millón de euros.

La edil explicó que para su medición se tiene en cuenta el volumen de consumos de cada operadora en el municipio, de tal forma que para estimar los ingresos por llamadas se considera el número de teléfonos fijos instalados por vivienda y el consumo medio por móvil, que se multiplicará por el 90% de los habitantes empadronados en Dos Hermanas. Luego, se aplica el 1,5% de los ingresos brutos obtenidos en el término municipal por la operadora, y que vienen pagando desde hace años las empresas de telefonía fija según se establece en la Ley de Haciendas Locales.

Por otra parte, habrá también una nueva tarifa específica para quienes decidan instalar huertos solares, que están proliferando en el municipio nazareno. Abonarán 1.500 euros por cada 100 kilovatios de potencia. Según apuntó la delegada, el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) bajará su coeficiente de 0,38 a 0,37 lo que significará un 2,6% menos de recaudación, si bien el equipo de gobierno confía en que la carga de las nuevas viviendas compense la caída. Asimismo, se incrementan entre un 34% y un 50% las bonificaciones a las familias numerosas que no superen los baremos establecidos en función del Iprem. Se amplía, a petición del PP, de dos a tres años el plazo de aplicación de la bonificación sin necesidad de acreditar de nuevo los requisitos.

También se han producido cambios de criterios en la tasa por licencia urbanística que pasa a llamarse «por prestación de servicios urbanísticos al amparo de la ley de suelo» y que desglosa en tarifas los pasos administrativos que deben seguirse durante el trámite.