Las objeciones se acercan a las 15.000
J. LÓPEZ. El número de padres objetores a EpC se aproxima a 15.000 en Andalucía. La constitución de nuevas plataformas en Sevilla, Cádiz y Huelva, unida al goteo incesante de presentación de objeciones, refuerza a los opositores a la asignatura, cuya multiplicación se deriva, en opinión del Foro Andaluz de la Familia, del mayor conocimiento de los entresijos de la materia. «Hasta ahora el desconocimiento de los padres era casi absoluto, pero las informaciones que reflejan algunos medios sobre las verdaderas intenciones de la asignatura ha motivado que haya cada vez más padres objetores», indicó José Luis Amat, vocal del Foro, una de las organizaciones más activas en la lucha contra EpC. A finales de septiembre la cifra oficial registrada por esta organización en todas las provincias andaluzas ascendía a 7.510, la mitad, según Amat, de las que realmente se han presentado, puesto que sólo una parte pasa por sus manos.
J. LÓPEZ. El número de padres objetores a EpC se aproxima a 15.000 en Andalucía. La constitución de nuevas plataformas en Sevilla, Cádiz y Huelva, unida al goteo incesante de presentación de objeciones, refuerza a los opositores a la asignatura, cuya multiplicación se deriva, en opinión del Foro Andaluz de la Familia, del mayor conocimiento de los entresijos de la materia. «Hasta ahora el desconocimiento de los padres era casi absoluto, pero las informaciones que reflejan algunos medios sobre las verdaderas intenciones de la asignatura ha motivado que haya cada vez más padres objetores», indicó José Luis Amat, vocal del Foro, una de las organizaciones más activas en la lucha contra EpC. A finales de septiembre la cifra oficial registrada por esta organización en todas las provincias andaluzas ascendía a 7.510, la mitad, según Amat, de las que realmente se han presentado, puesto que sólo una parte pasa por sus manos.
Actualizado Miércoles, 12-11-08 a las 11:08
El Consejo de Gobierno anunció ayer, sin dar ninguna explicación, el nombramiento de Alberto Ollero Calatayud como nuevo secretario general técnico de la Consejería de Educación. Aunque pudiera parecer una decisión sin trascendencia, supone el cese de la secretaria general técnica de la Consejería, Mari Luz Osorio Teva, que fue la persona que firmó la resolución aparecida en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) del pasado 1 de octubre, en el que figuraban los nombres de 81 menores de edad objetores de la asignatura Educación para la Ciudadanía.
Este relevo en el puesto número tres del organigrama de Educación se veía reflejado en la web de la Consejería minutos después de hacerse público.
Primera víctima política
La consejera de Educación, Teresa Jiménez, acosada por todos los frentes abiertos en su departamento, trata así de frenar un escándalo en el que se ha visto obligada a intervenir hasta la Fiscalía de Sevilla, y de trasladar su responsabilidad en el caso hacia una cabeza de turco que asumiera todo el error.
La escandalosa publicación de los nombres de los menores en el BOJA se cobra así su primera víctima política, aunque el Gobierno andaluz haya tratado de pasar de puntillas sobre el cese de la secretaria general técnica de la Consejería.
La polémica decisión de publicar los nombres de los alumnos objetores en el BOJA le ha supuesto a la consejera que la Fiscalía le pida explicaciones a la Junta, las quejas del Defensor del Pueblo andaluz, la investigación de la Agencia de Protección de Datos, la advertencia del PP de acudir a los tribunales, e incluso, la censura de la consejera para la Igualdad, Micaela Navarro, y el compromiso del portavoz del Gobierno andaluz, Enrique Cervera, de que no se volverá a repetir la publicación del nombre de los menores en el BOJA, un hecho que llegó a calificar de «innecesario».
La propia Teresa Jiménez llegó a pedir disculpas por este asunto en el Parlamento, aunque siguió argumentando que esta decisión se adoptó con la voluntad de que se cumpliera la Ley de procedimiento contencioso-administrativo para garantizar que la comunicación de que se desestimaba la objeción a EpC de esos 81 alumnos era efectiva.
Parecía claro que el Ejecutivo de Manuel Chaves iba a adoptar alguna medida sancionadora ante el chaparrón caído, tan claro como que el presidente de la Junta no iba a llegar a cesar a Teresa Jiménez.
La fórmula que se plantea, una vez más, es el paso intermedio de «castigar» a un cargo político, en este caso la secretaria general técnica de la Consejería, que no haga mucho ruido, y pretender volcar toda la responsabilidad del caso en Mari Luz Osorio Teva para zanjar el escándalo con su cese. Aquí paz y mañana gloria.
Ocultar a los responsables
El letrado sevillano Carlos Seco, que representa los intereses de numerosas familias objetoras de la asignatura Educación para la Ciudadanía, entiende que con este cese la Junta pretende ocultar a los «auténticos responsables» de la decisión de publicar los nombres de los menores en el BOJA. Para Seco, estos responsables no son otros que la propia Teresa Jiménez y su viceconsejero, Sebastián Cano, que son, a su juicio, «los que han vulnerado los derechos fundamentales de los menores que objetan de EpC».
El abogado sevillano apunta que la secretaria general técnica se limitó a firmar una resolución que la consejera conocía, «cumpliendo órdenes».
E iba a más aún: «En tanto el presidente Manuel Chaves no reprueba a la consejera y al viceconsejero de Educación o los cesa, entenderemos que comulga con la decisión sobre el BOJA y que tiene la misma responsabilidad que ellos».
Y el TSJA vuelve a hablar
Mientras, el TSJA sigue respondiendo a la batalla de los objetores con sentencias en contra de la asignatura. La sección tercera de la sala de lo Contencioso Administrativo del alto tribunal andaluz ha dictado un auto que anula cautelarmente el suspenso impuesto en Educación para la Ciudadanía a un alumno cuya solicitud de objeción de conciencia aún no había sido resuelta, una medida cautelar que surge después de que el propio TSJA reconociera como «denegación fáctica» de tal solicitud el suspenso.