El «abuso de poder» del Gobierno aviva la rebelión de la Justicia
Las decisiones del Ministerio de Justicia y de su titular Mariano Fernández Bermejo no están concitando precisamente el apoyo de los distintos estamentos judiciales. Ayer fueron los secretarios de juzgado, por una parte, y las juntas de jueces de muchas localidades de España, por otra, los que volvieron a mostrar los dientes.
Los secretarios, porque el Ministerio les prohibió de forma sorpresiva celebrar las asambleas que tenían convocadas ayer lo que consideran un «abuso de poder». Los jueces porque un mes después de las protestas de octubre no ha habido adelanto alguno en las negociaciones con el Ministerio para la mejora y modernización de la Justicia.
En concreto los jueces de Extremadura y de Murcia son los que más lejos han llegado anunciando huelga para el próximo 18 de febrero.
En Sevilla hubo pleno de los los magistrados de la Audiencia de Sevilla que no quisieron hablar de huelga pero si de «medidas de presión sin descartar ninguna». La portavoz del CGPJ Gabriela Bravo advirtió ayer mismo, sobre la marcha, que el derecho de huelga de los jueces no está previsto por la ley. Los jueces dicen que eso es algo sobre lo que «hay distintas opiniones».
Como norma general los jueces que se reunieron ayer en juntas en sus respectivos órganos judiciales acordaron volver a reunirse el próximo 21 de enero aunque hubo juntas que tomaron otras decisiones como es la de limitarse a partir de ahora a cumplir con los módulos de trabajo fijados por el CGPJ.
Por lo que se refiere a los magistrados de la Audiencia de Sevilla,que se reunieron en Pleno acordaron hacer una serie de peticiones y advertir que si no se aceptan estas propuestas «adoptarán medidas de presión» sin nombrar la huelga pero sin descartarla. Tan sólo advirtieron de que entre el banico de medidas posinles se acordará «la más adecuada según la ocasión».
Trabajo limitado
Las propuestas de los magistrados sevillanos van desde acotar el volumen de trabajo que se les puede exigir a pedir más medios concretos y una mejora de la ratio juez por habitante en España.Sobre el volumen de trabajo, el presidente de la Audiencia, Damián Salas, explicó a ABC que los magistrados asistentes al pleno (más del 90 por ciento de los que lo componen) piden que haya un límite a lo que se les puede exigir y lo cifraron en 300 actuaciones judiciales al año por magistrado en el caso de lo Penal y de una ponencia al día en el caso de lo Civil.
Según Salas, estos límites se superan ahora mismo ampliamente, pero lo magistrados no están dispuestos a arrostrar «más riesgos profesionales por la sobrecarga de trabajo». En definitiva exigen «un tope para evitar responsabilidades personales».
El presidente de la Audiencia niega que estas reivindicaciones y este miedo a los «riesgos por sobrecarga » tengan nada que ver con lo acaecido en el juzgado de lo Penal número 1 de Sevilla al juez Tirado y a la secretaria judicial Juana Gálvez ambos sancionados por no haber ejecutado a tiempo la sentencia que hubiera mandado a la cárcel al presunto asesino de Mari Luz Cortés.
Pero lo cierto es que, aunque ellos digan que las razones de sus exigencias son el temor a que se les acuse de pendencias desmesuradas esas sanciones y el escándalo que produjo el asunto subyacen en las reivindicaciones de mejora y modernización de la justicia que se están produciendo desde los los distintos estamentos judiciales.
En la lista de exigencias de los magistrados también destacan peticiones concretas para la Audiencia de Sevilla: una nueva sección penal, que sería la novena, ya que según Salas «a pesar del cuarto magistrado el volumen de trabajo sigue subiendo»; que se cubran las plazas vacantes y que se suplan las bajas con personal formado, cosa que ahora no ocurre, y una revisión por especialistas de las sedes judiciales sevillanas para ver si son adecuadas para seguir en ellas a la espera de la Ciudad de la Justicia.
Otra exigencia de los magistrados ya a nivel nacional es que la ratio entre jueces y habitantes en España que es de 10,2 jueces por cada cien mil personas se equipare a la de paises europeos como Grecia o Alemania en donde es de 19 jueces por cada cien mil habitantes.
Secretarios indignados
En el caso de los secretarios judiciales el detonante de un nuevo estallido de indignación (el primero fue la sanción de dos años de empleo y sueldo a la secretaria del juzgado de los Penal número 1 de Sevilla tras el caso Mari Luz) fue la llegada de una orden del Ministerio prohibiendo la celebración de las asambleas que estaban convocadas para ayer por la mañana. En esas asambleas precisamente estaba previsto hacer repaso de las negociaciones mantenidas con el Ministerio tras la huelga que mantuvieron hace justo un mes.
Recurrirán la prohibición
Los secretarios judiciales consideran esta prohibición un «abuso de poder» por parte del Ministerio y según informó a ABC, Luis Toribio, portavoz del colectivo en Sevilla, aunque de momento la han acatado, están estudiando cómo reaccionar «porque tenemos que dar salida a la indignación que ahora hay en el colectivo». Toribio avanzó que están estudiando si cabe recurso a la misma o si pueden ir por la vía de lo contencioso administrativo.
El «talante de Bermejo»
El Ministerio basó su prohibición en que la celebración de las asambleas impedía garantizar el servicio público. Según el portavoz de los secretarios, eso es «una falacia puesto que la asistencia era voluntaria y no se iba a suspender nada». En definitiva, los secretarios consideran que se ha conculcado el derecho constitucional a la reunión que también consagra el reglamento de su profesión.
En un comunicaco difundido ayer por el Colegio Nacional de Secretarios Judiciales dicen entre otras cosas que la decisión del Ministerio «demuestra una vez más el talante de Bermejo» y su falta de interés por atender las propuestas que los profesionales de la Justicia pueden hacer con «talante constructivo»
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