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Los padres piden a Educación 6.000 euros por cada niño que salió en el BOJA

Los padres piden a Educación 6.000 euros por cada niño que salió en el BOJA

Tal y como anunciaron hace varios días, los padres de los niños objetores cuyos nombres y apellidos salieron publicados en el BOJA del pasado 1 de octubre, no se han quedado parados. Aunque la Fiscalía de Sevilla decidiera archivar el caso y no actuar contra la Consejería de Educación pese a que dejó muy claro que la Junta de Andalucía había vulnerado el derecho a la protección de la intimidad de los menores.

Ahora los padres reclaman a la consejera de Educación que reconozca voluntariamente «su responsabilidad sin que haya que mediar resolución de los tribunales».

Los menores no declararían

Según explicó el letrado que defiende a los padres objetores, Carlos Seco, para ello «no tendrían que intervenir los menores cuyas identidades fueron publicadas y cuyos derechos fundamentales no pueden ser protegidos por la Fiscalía mediante las cautelas oportunas».

Con ello el letrado hacía referencia a los argumentos de la fiscal jefa de la Audiencia Provincial de Sevilla, María José Segarra, que archivó la denuncia alegando que era para proteger el derecho a la intimidad de esos menores que tendrían que ser oídos en el procedimiento y que así se les protegía mejor.

Así, el letrado se basa en la Ley Orgánica de Protección de Datos de carácter personal y en la Ley de Protección Jurídica del Menor para enviar un escrito a a la titular de Educación pidiéndole que asuma su responsabilidad.

Sería un procedimiento abreviado que también basa en la anterior resolución del Defensor del Pueblo Andaluz así como en la resolución de la propia Fiscalía de Sevilla.

En cuanto al tema económico, Seco reclama 6.010 euros por cada familia de los niños que salieron en el BOJA, en este caso por las cuatro familias que el representa aunque fueron un total de 81 menores los niños cuyas identidades se publicaron en el BOJA. Pero el letrado insiste en que las familias no quieren dinero ya que esas cantidades se destinarían íntegramente a Cáritas y que lo único que desean es que la consejera admita su responsabilidad. «La asunción de esa responsabilidad o su declaración por los tribunales se traducirá en una indemnización económica, pero como ello no es el objetivo perseguido por las familias, dicha indemnización irá dirigida a obras sociales íntegramente», dijo.

Si no es así y Teresa Jiménez no admite esa responsabilidad que le reclaman, Seco anuncia que acudirá a los tribunales. Continuará con el contencioso administrativo ante el TSJA que ya se ha pronunciado varias veces protegiendo el derecho a objetar contra EpC.

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