Actualizado Martes, 30-12-08 a las 18:06
La delegada de Medio Ambiente en el Ayuntamiento de Sevilla, Encarnación Martínez, ha dictado una resolución de urgencia para clausurar un cotillón de fin de año que estaba previsto celebrarse en la discoteca Reina Margot, situada en la calle Arjona de la capital.
Este local, que no posee la licencia obligatoria para permanecer abierto, ya cuenta con numerosas denuncias por el incumplimiento reiterado de las ordenanzas municipales, según ha informado el Ayuntamiento.
Una vez dictada esta resolución urgente, se comunicará hoy a los organizadores que deben clausurar el evento y, en caso de no hacerlo, la policía montará un dispositivo en el establecimiento durante la Nochevieja para impedir que la fiesta se celebre.
Este cotillón ha sido detectado por la Línea Verde, una unidad específica de la Policía Local que se coordina con Medio Ambiente, a través de la publicidad que se ha distribuido por la ciudad en la que se anunciaba que la fiesta permanecería abierta hasta las ocho de la mañana.
Por otra parte, la Delegación de Medio Ambiente ha concedido licencia al cotillón de fin de año del Club Cultural y Deportivo Santa Aurelia, la única institución que ha realizado este trámite obligatorio.
Una vez finalizado el plazo de solicitud de la licencia, la delegada de Medio Ambiente ha recordado que todos aquellos bares que posean la licencia de Bar con Música, y también las salas de fiesta, están autorizadas a organizar estos eventos siempre que cumplan con el horario establecido por ley que es hasta las 4 de la madrugada en el primer caso y hasta las 7 en el segundo.
La Delegación de Medio Ambiente, junto con la de Convivencia y Seguridad Ciudadana, llevarán a cabo controles encaminados a detectar las fiestas ilegales que se celebran en la ciudad y que se anuncian a través de carteles y publicidad de distinto tipo.
En lo que respecta a los horarios, se mantendrán los establecidos durante el resto del año, pues la Delegación de Medio Ambiente ha considerado que la ampliación de los mismos restaría eficiencia a los esfuerzos que están realizando para la aplicación de la normativa contra la contaminación acústica.