Publicado Miércoles, 31-12-08 a las 19:14
Sin duda si ha habido un miembro del Gobierno andaluz (en este caso «miembra», que diría la ministra Aído) en el ojo del huracán esa ha sido la consejera de Educación. Teresa Jiménez no pudo tener peor comienzo, al poco de tomar posesión le llegaba el primer palo: el TSJA anulaba parte de los contenidos de Educación para la Ciudadanía (EpC) aunque se declaraba incompetente para pronunciarse sobre los contenidos estatales (los decretos del Gobierno central que regulan la materia).
No era el primer rapapolvo, un mes antes su antecesora, la entonces consejera de Educación Cándida Martínez, se despedía con un amargo adiós: el TSJA daba la razón a la familia de Bollullos que objetó contra la asignatura, declarando que su hijo tenía derecho a no asistir a clase y no ser evaluado. Tanto la Junta de Andalucía como la Fiscalía recurrían ambas sentencias e insistían en que EpC era tan obligatoria como las matemáticas y seguían suspendiendo a los niños que se ausentaban de clase.
Ahora, cuando el Tribunal Supremo está a punto de pronunciarse (lo hará el 26 de enero en una reunión del pleno ante la división de opiniones), las posturas siguen enquistadas: los padres han seguido objetando y recurriendo y la Junta suspendiendo también a los alumnos de Educación Ético Cívica de 4º de ESO.
El conflicto de Ciudadanía degeneró en otro que también ha puesto en pie de guerra a los padres: la Junta publicó en el BOJA los nombres y apellidos de 81 menores objetores. La reprimenda del Defensor del Pueblo y las investigaciones tanto de la Fiscalía (que archivó el caso pero reconoció que se habían vulnerado derechos), como de la Agencia de Protección de Datos, obligaron a Teresa Jiménez a mover ficha. Cesó a la secretaria general técnica que firmó los BOJA y admitió el error pero sin asumir su responsabilidad. Los padres siguen adelante y piden a la Junta 6.000 euros (que, dicen, destinarán a Cáritas) por cada niño cuyo nombre salió en el BOJA. Y la consejera se enfrentó en el Parlamento a una petición de reprobación por parte del PP aunque ésta no progresara por el voto contrario de PSOE e IU.
Rechazo a los incentivos
Pero Ciudadanía no ha sido el único quebradero de cabeza de la consejera, que también ha tenido que enfrentarse a dos manifestaciones (la primera en mayo y otra hace unas semanas) contra el Plan de calidad. Y es que los incentivos de 7.000 euros con los que la Junta premia a los profesionales que logren mejores resultados no han sentado bien al sector. Los maestros aseguran que se trata de «comprarlos» por aprobar más y creen que esa no era la solución contra el fracaso escolar. Por ello, los dos intentos de la Junta por aprobar el Plan han sido rechazados masivamente. Hasta ahora sólo ha logrado el apoyo del 44 % de la red pública, 1.483 centros. El rechazo ha sido mayoritario en Secundaria, ya que sólo el 20% de los institutos se sumó aunque lograron más apoyos en Infantil con el 54% de centros.
Otro frente abierto son los datos del Programa para la evaluación internacional de alumnos (PISA), que dejan la educación andaluza por los suelos y cuyas pruebas de diagnóstico demuestran que se ha retrocedido. En octubre la Consejería de Educación repitió las pruebas sin que de momento haya hecho públicos los resultados.
La calidad educativa también ha sido puesta en tela de juicio por el Defensor del Pueblo, que aseguró que la mayoría se decantaba por la educación concertada porque daba mejores servicios (comedor o actividades extraescolares).
Además de todo, la baremación para entrar en los colegios se ha convertido en un sistema que potencia el fraude con padres que falsifican la renta, simulan el divorcio, se empadronan en otro domicilio o denuncian a su vecino por lograr la plaza en el colegio que quieren. Educación se ha visto obligada a modificar ese decreto.
