Valoración:
«En consumo las multas son tan ridículas que hasta merece la pena defraudar»
Rubén Sánchez asegura que nunca ha tenido la tentación de ingresar en un partido político, porque la política «también se hace en los movimientos sociales» JESÚS SPÍNONLA
«Que nadie piense que con las rebajas gastaremos menos en los regalos de Reyes»
—¿Se comete fraude en las rebajas?
—Sí, porque los controles no se hacen bien. Nosotros venimos planteando desde hace mucho tiempo que hay una serie de artículos que no están rebajados. Hay productos que no se vendían en las tiendas una semana antes, sino que los han traído expresamente para la rebaja. No es tan difícil ir una semana antes de la rebaja a un establecimiento, hacer un muestreo de los productos, mirarle los precios y dentro de quince días comprobar si el precio que tenía y el rebajado son reales o se lo han inventado. Seguro que si se hiciera ese tipo de inspecciones, que no se hace, se vería que hay establecimientos que venden como rebajados productos que nunca antes habían estado en la tienda. O que también hay algunas que se inventan la rebaja.
—¿Habría que endurecer la normativa?
—La normativa se ha flexibilizado. El que la etiqueta deba reflejar el precio original y el rebajado ya no es obligatorio en Andalucía. Ahora te pueden poner una pila enorme de productos y arriba un cartel que diga 20 por ciento de descuento. Cuando vas a pagar te dicen que el descuento es del diez por ciento, y que esa prenda alguien la habrá cambiado de sitio. Con ello se han recortado los derechos de los consumidores.
—¿Cómo valoran el adelanto excepcional de la fecha de las rebajas?
—Vemos que hay mucho iluso intentando hacer creer a los consumidores que este año los regalos de Reyes van a ser más baratos. Pero los comercios pueden ser muchas cosas, pero no tontos. Lo que saben que van a vender seguro no lo van a rebajar. Que nadie piense que este año las rebajas van a provocar que vamos a gastar menos en los regalos de Reyes. No entendemos que ese mensaje se esté tratando de trasladar a la opinión pública. El adelanto de las rebajas es una fórmula que no se ha consultado a los órganos preceptivos. Ni el Consejo de los Consumidores y Usuarios de Andalucía ni la Comisión Asesora de Comercio Interior han sido consultados, lo que es obligatorio por ley, independientemente de que esos órganos hubiesen dicho que sí. El problema es que no se ha respetado a los órganos de participación.Nosotros, al margen de que podríamos haber dicho que sí se adelantaran, hubiéramos planteado que en paralelo se garantizaran las inspecciones previas o el que se valorara si dos meses de rebajas es razonable No nos creemos que cuando llega el día 10 de febrero un comercio anuncie rebajas y de verdad esté de rebajas.
Actualizado Lunes, 05-01-09 a las 09:25
Rubén Sánchez_Portavoz nacional de la asociación de consumidores Facua

Omnipresente en los medios de comunicación, Pepito Grillo de administraciones pusilánimes e inoperantes y de defraudadores sin escrúpulos, el portavoz nacional de Facua, Consumidores en Acción, Rubén Sánchez, confiesa en esta entrevista que nunca se le ha pasado por la cabeza hacer política de partido. «Llevo en política muchos años, en los movimientos sociales, pero no he recibido ninguna oferta de partido ni me interesa. Yo entiendo que en los movimientos sociales también se hace política. Nosotros promovemos cambios en las políticas de los partidos para defender los intereses de los ciudadanos. Pero la política de partido a mí no me atrae».
—¿Por qué es necesaria una asociación como Facua?
—Entendemos que somos un agente equilibrador del mercado. Si no hay asociaciones que defienden los intereses de los consumidores, ocurriría lo mismo que si no hubiera sindicatos que defendieran los intereses de los trabajadores, que el mercado nos comería totalmente.
—¿Facua es más Pepito Grillo de la Administración o de los defraudadores?
—De los dos. Por un lado estamos continuamente presionando a los agentes económicos para que cumplan, y denunciando cuando incumplen y no asumen que hay que negociar con nosotros la resolución de conflictos. Y naturalmente también presionamos a la Administración para que mejore la normativa sobre consumo, controle más el mercado y sancione a los infractores. Pero las sanciones son tan ridículas que a veces casi merece la pena cometer una infracción y defraudar.
—¿Si no se es socio de Facua se puede acudir a sus oficinas para presentar una denuncia?
—Tenemos dos protocolos de actuación. Cuando un consumidor viene y nos plantea un problema, ofrecemos diversas vías de asesoramiento. La más reciente es una página web que hemos creado con más se setecientos modelos de consultas y sus correspondientes respuestas. Cuando se trata de un caso particular y concreto, donde se pide a la Administración que intervenga, sí tiene que ser socio. Los socios son los que mantienen la estructura de la organización. También puede llegar un consumidor, socio o no, que denuncie que ha detectado un fraude masivo, y entonces investigamos.
—¿Es fácil saltarse los controles? ¿Cómo valora la actual normativa en materia de consumo?
—La normativa siempre es mejorable. El problema es que el marco sancionador está obsoleto. Hay empresas a las que se les está poniendo multas de unos pocos miles de euros por fraudes importantes, y les merece la pena incumplir la normativa. Y es fácil saltase la norma y los controles porque hay pocos controles. Nosotros entendemos que los gobiernos no invierten lo necesario en el control de los mercados, en aumentar el número de inspectores y en aumentar la calidad y la cantidad de las inspecciones. A nivel de la Administración central las aduanas son un coladero de productos ilegales, y en algunos casos peligrosos. En las comunidades autónomas no hay suficientes inspectores en Consumo y Salud. Y si nos vamos al ámbito local, por ejemplo en Sevilla, hay un déficit tal de inspecciones que llevamos meses preguntando a la Delegación de Salud y Consumo cuáles son los sectores que habitualmente controla, y no nos ha sabido responder. Tenemos la impresión de que se hacen muy pocas inspecciones a nivel del Ayuntamiento por una falta de preocupación política y de inversión presupuestaria.
—Es decir, que se controla poco, y cuando se detecta la infracción las sanciones no sirven para disuadir a los defraudadores....
—Las sanciones deben ser proporcionales. No pueden interpretarse como un regalo de la Administraciones porque merece la pena jugársela. Si hay pocas probabilidades que hay de que te pillen, y si te pillan te multan poco, para qué vas a cumplir si verdaderamente eras una empresa que quiere cometer fraude. Otra cosa es la empresa que ha cometido un error, que no se ha dado cuenta,la multan y valora que eso es un acicate. Pero la que tiene intención de cometer un fraude, el problema, insisto, es que la multa es muy escasa.
—¿Estamos en un país de pícaros?
—Todos los países son de pícaros, pero ya no son de andar por casa, sino multinacionales. Todos los días cometen fraudes, nos engañan, nos cobran más. Es un problema del modelo socioeconómico, que se presta a que haya empresas pequeñas y grandes que cometen abusos continuamente y cómo ante la falta de respuesta de la Administración se plantean que si lo está haciendo la competencia por qué no lo hago yo. Quién no ha sufrido un fraude en el sector de las comunicaciones.
—¿En el apartado de consumo no hay una cierta dispersión de competencias?
—Consumo es un sector en que hay muchas administraciones implicadas, pero debe ser así. Consumo es prácticamente todo. La Administración competente por excelencia debería tener un papel vertebrador. Tendría que haber un departamento de coordinación de administraciones. Esa falta de coordinación se da en Andalucía, en otras comunidades y a nivel nacional y a nivel del Ayuntamiento de Sevilla.
—¿Un fraude como el del aceite de colza, ocurrido en los años 80, podría repetirse ahora?
—De otra forma. En esos años había menos controles, pero hoy en día hay otras formas de cometer fraudes alimentarios, que son difícilmente detectables por parte de la Administración si no causan daños a la salud inmediatos. También puede haber otros fraudes como adulterar el producto para abaratar costes o no indicar al consumidor una determinada composición. El de la colza fue un fraude sostenido en el tiempo, y lo tenían muy fácil para cometerlo.
—¿Hay suficientes controles en los alimentos que se venden en los mercadillos ambulantes?
—Creemos que no, y de hecho hay muchos mercadillos perfectamente legales en los que lamentablemente no se hacen las inspecciones necesarias para controlar a los que venden de forma irregular.
—¿Cuáles son los fraudes más comunes en materia de consumo?
—Una de cada cuatro denuncias de los consumidores es por fraude en las telecomunicaciones; los teléfonos móviles, fijos o el acceso a internet. Nos da la sensación de que cada semana se inventan un fraude nuevo las grandes compañías. En segundo lugar están las compras de viviendas.
—¿Y cuáles son los principales logros de Facua?
—A nivel de interlocución con los empresarios, en los años 80 logramos crear un órgano de interlocución con Sevillana de Electricidad, al que luego se sumaron muchísimos sectores empresariales, a los que le trasladamos que nuestro interés no es confrontar sino dialogar. Son ellos los que provocan la confrontación cuando le trasladamos reclamaciones y no contestan o no están a la altura, y eso provoca que tengamos que denunciarlos.
—¿Y a otros niveles?
—Con las administraciones públicas hemos conseguido potenciar promulgaciones de normas, creación de órganos consultivos o de participación donde estamos los consumidores. Y en cuanto a la solución de problemas concretos, de fraudes, hace un año aproximadamente conseguimos que se desmantelara una empresa que llevaba mucho tiempo vendiendo fármacos clandestinos seudoadelgazantes que se presentaban como productos naturales. Pero cuando hicimos análisis de laboratorio ante la dejadez de Salud, detectamos que tenía niveles altos de hormonas, por lo que eran productos muy peligrosos y la publicidad era totalmente fraudulenta. En colaboración con la Guardia Civil logramos que se desmantelara la empresa que tenía sede en Málaga, pero que operaba en toda España.
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