El borrador de decreto presentado por la Consejería de Educación que contempla la posibilidad de adelantar el curso escolar del 15 al 7 de setiembre en el segundo ciclo de Educación Infantil, Educación Primaria y Educación Especial; mientras que también se adelantaría una semana para ESO, Bachillerato y Formación Profesional, ha caído como una jarra de agua helada en el colectivo de profesores.

A las primeras negativas a esta propuesta, dada a conocer en plenas vacaciones de Navidad, se han ido sumando colectivos y sindicatos que agrupan a los maestros, que se quejan de que no va a haber tiempo para organizar el curso, de que las plantillas no están completas para esa fecha con lo que el inicio del curso una semana antes puede ser un caos, de que el decreto no contempla compensación salarial alguna para el profesorado, y de que propuestas como ésta «no son la solución para abordar el desastre educativo en Andalucía o para solventar el fracaso escolar». Organizaciones sindicales como APIA, USTEA, CSIF, ANPE, CC.OO, y CGT adelantan que van a reclamar a la consejera de Educación, Teresa Jiménez, que retire el decreto, van a presentar alegaciones al mismo e, incluso, anuncian acciones para impedir que salga adelante.

Comienzan las reuniones

Este anuncio se produce después de que la Consejería de Educación sacara ayer mismo a información pública en el BOJA el proyecto de decreto, momento a partir de cual los actores implicados en el proceso disponen de 15 días hábiles para alegar. Educación abrirá la próxima semana con las asociaciones de padres y madres de alumnos la ronda de reuniones prevista con los representantes de la comunidad educativa para analizar el decreto.

La voluntad de la Consejería es consensuar esta propuesta aunque todo apunta que será complicado el acuerdo.

Uno de los argumentos que sostuvo la consejera al presentar esta propuesta, además de que serviría para combatir el fracaso escolar, es que serviría para conciliar la vida familiar.

ANPE-Andalucía expresó su rechazo al adelanto del curso escolar, ya que supone que el profesorado no dispondrá del tiempo suficiente para planificar el curso. Además, mostró su preocupación por los problemas organizativos que le ocasionará este adelanto a la Consejería de Educación, «que contará con menos tiempo para poner en funcionamiento los centros y cubrir las plantillas de los mismos». En este sentido, el sindicato recuerda que «tradicionalmente, el curso no ha comenzado el día 15 de septiembre en las mejores condiciones, porque rara vez la Administración ha tenido hechos todos sus deberes en esa fecha».

Para ANPE, la propuesta «ni cuenta con el suficiente soporte pedagógico ni soluciona el problema de la conciliación de la vida laboral y familiar, sino que más bien supone un nuevo parche a esta cuestión».

USTEA, por su parte, recuerda que la labor del profesorado los primeros días de setiembre son organizar el centro: distribuir el alumnado, creación de grupos, asignación de tutorías, elaboración de horarios, puesta en marcha de la acogida y los planes de transición, aprobación de líneas de plan de centro y un largo etc,etc...Labores que obligatoriamente deben de hacerse para poner en marcha el curso, recuerda el colectivo, que recuerda que en cinco días será muy complicado organizar el centro.

A ello se suma, insiste el colectivo, que las plantillas no están cubiertas el 1 de setiembre.

«Da la impresión que tratan de trasladar la imagen de que están tomando medidas contra el fracaso escolar, cuando las soluciones no van por ese camino», señala el portavoz de USTEA, Miguel Moya, que apuesta más por bajar la ratio profesor-aula y por dar entrada a profesores específicos para alumnos especiales.

CSI-CSIF también se suma a este rechazo y exige a Teresa Jiménez que retire la propuesta. «La Consejería parece desconocer las necesidades organizativas de los centros y la necesaria coordinación del profesorado ante el inicio de un curso escolar».

Para este sindicato, este decreto «es una vuelta de tuerca más al profesorado, incrementando sus tareas y cargando el fracaso de las políticas educativas sobre sus espaldas, cuando los verdaderos responsables no asumen sus responsabilidades». también reclama la retirada de esta propuesta y anuncia medidas de presión.

La Asociación de profesores de Instituto de Andalucía, APIA, y en su nombre Gonzalo Guijarro, utiliza similares términos, agregando, además, que en ningún momento se habla en el borrador del decreto de mejoras salariales para el profesorado, que a su juicio empeora sus condiciones de trabajo. Apunta, además, que este adelanto del curso puede encubrir la desaparición de los exámenes de setiembre, propuesta que ya se intentó y que fue rechazada por los consejos escolares. «Difícilmente se podrá hacer los exámenes de setiembre, organizar el inicio del curso y empezarlo en una semana», apunta Guijarro.

APIA apunta, además, que la conciliación familiar no consiste en que los niños pasen más tiempo con los profesores, sino con sus padres.

El secretario de la Federación de Enseñanza de CC.OO, José Blanco, mostró también la oposición del sindicato con el proyecto de decreto de la Consejería de Educación, sosteniendo que «no viene a solucionar los problemas de la educación ni de las familias».

«Esta medida va de manera clara en detrimento de la enseñanza», afirmó Blanco.

El secretario de la Federación Andaluza de Sindicatos de Enseñanza de CGT, Joaquín Martínez, rechazó también la propuesta que «parece un poco chapuza, pues no se trata de una medida necesaria».