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Los opositores de Ciudadanía acusan al Gobierno de «presionar» al Supremo

Los objetores de conciencia de Educación para la Ciudadanía acusaron ayer al Gobierno y a otros sectores afines -especialmente aunque sin nombrarla a la Confederación Española de Asociaciones (Ceapa)- de «infundir miedo» y de «presionar» al Supremo para que «dicte una sentencia en contra de los objetores».

El Foro Español de la Familia (FEF), la Confederación Católica de Padres (Concapa), la Confederación Española de Centros de Enseñanza (CECE), la Asociación Católica de Propagandistas (ACdP), La Confederación de Padres y Madres (Cofapa), la plataforma Hazte Oír y Profesionales por la Ética convocaron una rueda de Prensa convocada con motivo de la inminente decisión del Tribunal Supremo - el próximo día 26- sobre los primeros recursos de casación en materia de objeción de conciencia frente a la disciplina.

Educación para Ciudadanía y los derechos humanos, denominación completa de la materia que se imparte en 2º o 3º de Educación Secundaria Obligatoria (ESO). Además, como Educación ético-cívica se enseña en 4º de la ESO y como Filosofía y Ciudadanía en 1º de Bachillerato.

Esperan «con ansia»

En sus intervenciones, los representantes de los grupos objetores expresaron su confianza en que el Tribunal Supremo se pronuncie a favor de sus tesis. «Tenemos una absoluta confianza -explicó el presidente del Foro de la Familia, Benigno Blanco- en lo que pueda dictar el Tribunal Supremo (TS) y esperamos con ansia ese pronunciamiento, que estamos seguros de que va ser comprometido con la libertad y los derechos constitucionales como los que nosotros defendemos», porque «tener miedo a los derechos y a la libertad es inadmisible en el siglo XXI».

Blanco rebatió el argumento de quienes sostienen que si se da la razón a los padres objetores se desestabilizará el sistema educativo y llegará el caos. «Lo único que desestabiliza a una democracia es que se nieguen los derechos fundamentales de las personas como es el de objeción de conciencia y que se permita a los poderes públicos entrometerse en el terreno de de la libertad ideológica de los ciudadanos», aseguró, al tiempo que enfatizaba en que «reconocer los derechos de las personas frente a los excesos del poder, por el contrario, refuerza la democracia y el Estado de Derecho. Y esto cremos que va a hacer el TS».

Según los datos ofrecidos a los periodistas, la Sala de lo Contencioso Administrativo del Alto Tribunal fallará sobre los recursos de casación presentados a una sentencia del TSJ de Andalucía a favor de la objeción de conciencia y sobre tres del TSJ de Asturias en contra. Son los primeros casos que verá el TS y, por tanto, podrá unificar doctrina acerca de la objeción e conciencia frente a Ante un eventual fallo contrario a sus intereses, el presidente del FEF indicó que los objetores presentarán «incidente de nulidad» ante el propio Tribunal Supremo y si éste mantiene su fallo llegarán al Contitucional (TC). En última instancia y en caso de sentencia negativa del TC acudirán al Tribunal Europeo de los Derechos Humanos.

Reconoció, eso sí, que el proceso sería muy largo. Añadió que en todos los casos pedirán para los objetores la suspensión cautelar de la obligatoriedad de asistir a clase de Educación para la Ciudadanía tal como está sucediendo con las decisiones de algunos de los tribunales que se han pronunciado al respecto.

Blanco reivindicó el derecho los padres a objetar y recordó que padres y asociaciones han optado por al vía jurídica para reclamar el reconocimiento de lo que consideran «un derecho», porque «no somos ciudadanos rebeldes e insumisos», concluyó.

Por su parte, el presidente de la Asociación Nacional de Propagandistas y de la Fundación San Pablo CEU, Alfredo Dagnino, sostuvo que la objeción de conciencia es de «aplicación directa» según está recogida en al Constitución. Dijo que padres y asociaciones aceptarán la sentencia pero dejó claro que mantendrán su «batalla cívica, no sólo jurídica sino también cultural en favor de «la libertad, al dignidad del hombre y el bien común» y contra los reiteró que la asignatura supone una «intromisión ilegítima del Estado» en al educación de los hijos.

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