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El conflicto de EpC no acabará en el Supremo

El conflicto de EpC no acabará en el Supremo

La sentencia del Tribunal Supremo no sólo es esperada desde hace meses sino que será polémica vaya en el sentido que vaya, ya que ni los que se oponen a la asignatura de Educación para la Ciudadanía (EpC) ni los que la defienden tienen intención de conformarse sea cual sea la respuesta judicial, y seguirán pleiteando.

Tanto los padres defensores de la materia como los que la han llevado ante los tribunales ya han anunciado que piensan acudir al Constitucional o hasta el mismísimo Tribunal de Estrasburgo si se encuentran con un fallo contrario a sus intereses.

Mientras, las administraciones implicadas, el Gobierno central y la Junta de Andalucía, que aún no han mostrado sus cartas sobre cual será el camino a seguir cuando el Supremo se haya pronunciado judicialmente, podrían hacer lo propio hasta agotar todas las vías.

Pero la polémica por la inminente sentencia no sólo está en la calle. También ha llegado a los jueces que parecen no tenerlo muy claro y que se han visto afectados por esa misma división que hay en la sociedad. Esto es así hasta el punto que el alto tribunal decidió el pasado mes de diciembre que no sería sólo una sala sino todo el pleno el que firme la sentencia sobre la asignatura.

En la mesa tienen varios recursos, entre ellos los que hay contra una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) a favor de la objeción de conciencia ante la Educación para la Ciudadanía, además de otros tres del TSJ de Asturias que falló en contra de la asignatura.

Un año y medio de polémica

Así pues está en manos del Supremo unificar doctrina (las hay a favor de la asignatura, como en Asturias y en contra como en Andalucía) sobre esta materia que el Gobierno ha considerado desde que comenzó a implantarse en el curso 2007-2008 como obligatoria. Fue entonces, allá por agosto de 2007, unos días antes de comenzar aquel curso, cuando en Andalucía un puñado de padres empezaron su cruzada contra la materia.

Primero, antes de que acabara el curso, habían empezado a presentar objeciones en los colegios. Posteriormente, en el mes de agosto, el letrado Carlos Seco Gordillo, presentaba un recurso ante el TSJA contra el currículo de la materia porque consideraba que vulneraba derechos fundamentales. A los padres objetores no les gusta EpC por muchas razones: Consideran que adoctrina a los niños, porque creen que el Estado intentaba suplir el papel educador que corresponde a los padres. Además, para colmo, tampoco les gusta la ideología de género que se enseña en los libros.

El conflicto ha estado politizado desde el primer momento ya que los defensores de la asignatura eran el Gobierno central y las comunidades autónomas gobernadas por el PSOE, mientras que otras gobernadas por el PP idearon sus propias estrategias para retrasar la aplicación de la asignatura.

En Madrid, sin ir más lejos, se implantó un año después y otras como Valencia decidieron impartirla en inglés generando otro nuevo conflicto. Y las asociaciones de padres de objetores, aunque no pertenecían a ningún partido político, provenían de los sectores más conservadores.

Pero la polémica ha ido creciendo a la par que aumentaba el número de objetores y el número de sentencias que dictaba el Alto Tribunal Andaluz.

Más de 50.000 objeciones

Mientras desde la Junta de Andalucía, las dos consejeras de Educación que han tenido que enfrentarse a la controversia (Teresa Jiménez y su antecesora Cándida Martínez) insistían en que EpC es tan obligatoria como las asignaturas de Matemáticas o Lengua, seguía creciendo el número de objetores. En toda España ya hay más de 50.000 objeciones, según los propios padres de los alumnos objetores aunque en Andalucía la Consejería de Educación minimiza la cifra y la deja en medio millar porque sólo contabiliza la de los niños que estudian 3º de ESO y a los que, por tanto, les corresponde dar la materia durante el curso. No tiene en cuenta los padres que han objetado por otros hijos de otros cursos.

El conflicto también siguió creciendo cuando llegaron las notas. La Consejería de Educación suspendió a los alumnos objetores que se ausentaban de clase y les puso un 1. Sólo cuando el TSJA ha dado la razón a algunos padres, la Consejería ha decidido dejar a los alumnos sin evaluar, como pedían los progenitores que este año han extendido su objeción a otra asignatura de 4º de ESO, la llamada Educación Ético Cívica.

El escándalo de los BOJA

La polémica alcanzó en Andalucía su punto álgido cuando el pasado mes de octubre la Consejería de Educación decidió publicar en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) la lista de 81 objetores, todos ellos menores de edad, con nombres y apellidos, para comunicarles que se les denegaba su petición de objetar de la asignatura y, por tanto, de no entrar en clase.

Alegaba Educación que la publicación en el BOJA era un procedimiento utilizado en estos casos y que se hacía de esa forma porque no había podido localizar a los padres de los objetores en sus domicilios.

La publicación de esta lista no sólo provocó la indignación de los padres de los niños sino que el propio Defensor del Pueblo Andaluz, José Chamizo, actuó de oficio y reprochó a la Junta de Andalucía que hubiera vulnerado la intimidad de los menores.

Por su parte, la Fiscalía de Sevilla, que no quiso actuar de oficio, lo hizo también a instancias de los padres. Aunque archivó finalmente la investigación, también dejó muy claro que la Consejería había vulnerado la intimidad de los menores al dar a conocer sus nombres y que debió usar sólo iniciales. La Agencia de Protección de Datos hizo lo propio iniciando otra investigación.

El conflicto se cerró con el cese de la directora general que firmó aquel número del BOJA pero la consejera de Educación, Teresa Jiménez, se limitó a pedir disculpas en el Parlamento y sigue negándose a dialogar con los padres o a cambiar un párrafo de la materia. Ahora tendrá que pronunciarse una vez que lo haga el Tribunal Supremo.

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