La historia de Educación para la Ciudadanía y los derechos humanos corre paralela a la Ley Orgánica de Educación (LOE), aprobada en el Parlamento en 2006. Desde los primeros debates de la LOE, la nueva asignatura se reveló como uno de los aspectos más polémicos y controvertidos de la misma. El Gobierno socialista apoyaba su decisión en la necesidad de que la escuela impartiera valores a través de una materia específica y no sólo de forma transversal en el conjunto de todas las materias. Los sucesivos borradores sobre los contenidos generales de la materia dispararon la alarma. Los padres, ahora objetores, vieron en ellos un riesgo para la formación de sus hijos, puesto que entendían que invadían ámbitos reservados a la conciencia personal y usurpaban a los padres el derecho a elegir la forma de educar a sus hijos de acuerdo con sus principios morales y religiosos. Tras organizarse los objetores y comenzar su cruzada contra la asignatura, el Ministerio de Educación rectificó o «suavizó» algunos de los aspectos criticados pero las protestas de los opositores no cesaron. Además y una vez en materia, algunos libros de texto se excedieron y trataron algunos temas de forma inadecuada y hasta ofensiva. Más de 50.000 padres optaron por la objeción. La trifulca jurídica se ha plasmado en 1.700 recursos y 300 resoluciones. Ahora, se abre otra etapa. Los objetores agotarán todas las instancias para recurrir.