EFE Los padres de Bollullos que iniciaron la batalla legal comparecieron ayer ante la prensa
Jueves, 29-01-09
Nada más conocerse el fallo del Tribunal Supremo desde la Junta de Andalucía y el PSOE se sucedieron las reacciones. Si en ocasiones anteriores desde el Gobierno andaluz se esperó a conocer el contenido de la sentencia, ayer salieron inmediatamente.
El primero en hablar fue el propio presidente, quien aprovechó el tanto para arremeter contra el PP. Así, Manuel Chaves aseguraba que el fallo del Tribunal Supremo supone «una gran derrota política» e «ideológica» del PP y espera que con este pronunciamiento se cierre «el debate» sobre la asignatura.
Chaves, que ayer estaba en Granada, señaló que con su resolución, que consideró «importante» y «contundente», el Supremo ha dado la razón a la Junta de Andalucía «en un tema tan sensible para la opinión pública».
El presidente insistió en que el fallo supone una derrota política del PP por haber estado «amparando el conservadurismo más ultramontano y más integrista que hay en la sociedad andaluza». En este sentido, pidió a los populares que, a partir de ahora, acepten la asignatura y respeten la Ley, especialmente en aquellas comunidades donde gobiernan.
Asimismo confió en que el pronunciamiento del Supremo permita cerrar «el debate» sobre la asignatura, al tiempo que se mostró «abierto al diálogo» con todos los integrantes de la educación andaluza, incluidas las familias.
Por su parte, la consejera de Educación, Teresa Jiménez, expresó su satisfacción por la decisión del TS, que avala, dijo, la actuación del Gobierno andaluz y el recurso que interpuso.
«Es un día importante para la democracia, porque ha triunfado la Ley y la justicia frente a planteamientos ultraconservadores», dijo la titular de Educación, quien también hizo un llamamiento al PP para que no ampare «actitudes y objeciones que van contra la ley».
El PSOE también se pronunció con prontitud. Así el secretario de Educación del PSOE-A, Angel Gallego, se mostró satisfecho con la sentencia, ya que supone «un triunfo del Estado democrático y de derecho» y una «victoria de la ética pública frente al intento de imposición de una ética privada que pertenece a otro ámbito».
Ángel Gallego mostró su confianza en que con esta sentencia se acabe la «falsa polémica alentada por los sectores más conservadores y extremistas de la sociedad» y permita a los estudiantes que solicitaban la objeción «sumarse a la normalidad con la que, hasta ahora, más de un millón de alumnos han cursado o están cursando EpC».