JESÚS SPÍNOLA El presidente de los populares andaluces, durante el foro sobre educación celebrado ayer en Sevilla
Amigo Vallejo advierte que la educación no se debe imponer
El cardenal Arzobispo de Sevilla, Carlos Amigo Vallejo, advirtió ayer de que en materia de educación «no se debe imponer», sino «presentar» los contenidos para que causen «auténtico deseo» de conocimiento entre el alumnado, alertando asimismo de que es «muy difícil» que los alumnos que «no miran con simpatía» esta materia «digieran» su contenido.En declaraciones a los medios Amigo Vallejo creyó «muy lamentable» que los asuntos relativos a la educación lleguen hasta los tribunales, en relación al fallo del Tribunal Supremo que anula la posibilidad de objetar a la asignatura de Educación para la Ciudadanía que se estudia en 3º de ESO. Apuntó que «los niños irán a clase de Educación para la Ciudadanía, pero todos sabemos que cuando los alumnos no miran con simpatía una asignatura es muy difícil que la digieran», y por otro lado, el cardenal arzobispo también consideró que «en educación no se deben imponer las cosas sino que se deben presentar y que causen auténtico deseo de estudiarla».
El cardenal Arzobispo de Sevilla, Carlos Amigo Vallejo, advirtió ayer de que en materia de educación «no se debe imponer», sino «presentar» los contenidos para que causen «auténtico deseo» de conocimiento entre el alumnado, alertando asimismo de que es «muy difícil» que los alumnos que «no miran con simpatía» esta materia «digieran» su contenido.En declaraciones a los medios Amigo Vallejo creyó «muy lamentable» que los asuntos relativos a la educación lleguen hasta los tribunales, en relación al fallo del Tribunal Supremo que anula la posibilidad de objetar a la asignatura de Educación para la Ciudadanía que se estudia en 3º de ESO. Apuntó que «los niños irán a clase de Educación para la Ciudadanía, pero todos sabemos que cuando los alumnos no miran con simpatía una asignatura es muy difícil que la digieran», y por otro lado, el cardenal arzobispo también consideró que «en educación no se deben imponer las cosas sino que se deben presentar y que causen auténtico deseo de estudiarla».
Actualizado Viernes, 30-01-09 a las 07:54
El fallo del Tribunal Supremo (TS) en contra de la objeción de conciencia frente a Educación para la Ciudadanía (EpC) ha provocado una cascada de reacciones de distinto signo, según del ámbito del que procedan.
Pese a que la sentencia tardará un tiempo en conocerse, las posturas ante la decisión del TS ponen de manifiesto que el conflicto, lejos de cerrarse, ha cobrado un nuevo cariz.
El presidente del Foro español de la Familia, Benigno Blanco encuentra lugar para un «diálogo» con el Gobierno, ya que a su juicio, un «acuerdo» sobre la materia de Educación para la Ciudadanía ahorraría a muchas familias «el esfuerzo suplementario, la preocupación, y el dinero» que le supone recurrir la asignatura.
«Me encantaría que no hubiese existido nunca una asignatura tan impresentable como ésta, o que una vez que ha existido, y vista la reacción social, el Gobierno reconociera que se ha equivocado, pero mientras el Gobierno no adopte esa postura dialogante, tendremos que ir a los tribunales», concluyó. Los defensores de la objeción anuncian su intención de recurrir la sentencia a todas las instancias posibles y se congratulan de que los magistrados hayan dejado abierto el camino para recurrir los contenidos y los libros de texto de la controvertida disciplina. Los defensores de la asignatura se muestran satisfechos con la decisión y quieren recuperar cuanto antes la normalidad.
La ministra de Educación, Mercedes Cabrera, reiteró ayer en Barcelona que EpC es una asignatura tan obligatoria como cualquier otra. «Cuenta exactamente igual que las demás para pasar de curso y obtener la titulación final», comentó. Acerca de la resolución del TS de no admitir la objeción, la ministra advirtió de que la no asistencia a las lecciones de EpC tendría las mismas consecuencias que no ir al resto de clases. Por este motivo, su departamento hará «todo lo posible» para que los chicos que ahora no la cursan vuelvan a las aulas. «Por suerte —concluyó— vivimos en un Estado de Derecho y el objetivo fundamental de la asignatura es que los futuros ciudadanos conozcan sus derechos y obligaciones. El deber de aplicar una ley aprobada por el Parlamento o una sentencia que dicta un tribunal forma parte de estas obligaciones».
En Sevilla, las declaraciones del presidente andaluz, Manuel Chaves, tachando de «derrota política» del PP la sentencia y llamando «integristas y ultramontanos» a los padres objetores no han gustado nada al PP. Ayer el presidente de esta formación en Andalucía, Javier Arenas, dejó muy claro que la reacción de Chaves es «inadmisible» porque no se puede «insultar a parte de las familias andaluzas». Así, el líder popular aseguró que el presidente de la Junta de Andalucía «no está para dividir sino para unir y tampoco para insultar». «El presidente no está para decir si las familias son integristas o no», recalcó Arenas.
Además, Arenas afirmó que «probablemente cuando conozca toda la sentencia Chaves tendrá que pedir perdón a las familias».En ese sentido, dejó claro que, por lo poco que conoce de la sentencia, «pueden existir muchos fundamentos de derecho que vayan radicalmente en contra de la posición que expresaba Chaves».
El presidente del PP-A también dijo que la reacción de Chaves ha demostrado que «la única intención de la asignatura es adoctrinar a los niños en su credo político».
En cualquier caso, para el PP haría falta logra «un consenso» de toda la comunidad educativa con respecto a la asignatura ya que, a su juicio, ese tipo de materias «no se deben imponer».
«No es una asignatura pacífica»
Por su parte, el portavoz de CiU en el Congreso, José Antonio Durán i Lleida, ha pedido que la sentencia del Tribunal Supremo sobre Educación para la Ciudadanía «zanje la polémica» sobre la obligatoriedad de la asignatura, aunque avisó que «de ninguna de las maneras la resolución autoriza al PSOE ni a ningún otro partido para hacer de esa asignatura una opción de adoctrinamiento».
Durán, que explicó que CiU siempre ha considerado esta materia obligatoria, defendió que «hay que reservar para los padres lo que es de los padres y al poder público lo que es del poder publico».
Izquierda Unida ve la sentencia del TS como un «palo» al TSJA. El portavoz en materia educativa de IULV-CA I, Ignacio García, pidió responsabilidad para «no seguir con polémicas estériles y agotar nuestras fuerzas en tomar medidas educativas importantes entre todos».