La juez que investiga la presunta estafa en la suspensión de pagos de la inmobiliaria Contsa tomará declaración el viernes como imputadas a otras cuatro personas, entre ellas un socio que cobró 200.000 euros en los meses previos al concurso de acreedores.

Fuentes del caso han informado a Efe de que la juez de instrucción 17 de Sevilla ha citado como imputado a M.H.R., que cobró 200.000 euros procedentes de la venta de un ático en el barrio de Los Remedios en los meses previos a la suspensión de pagos y además era socio del Grupo Financiero e Inversor Europa Sur, una de las empresas del grupo Contsa.

Además ha sido citado M.A.F.O., apoderado de manera mancomunada de Contsa desde 2001 junto con el presidente de la empresa, José Salas Burzón, que cumple prisión incondicional por esta causa desde octubre de 2008.

También declarará como imputado A.O.M., administrador de la empresa Genil Oil, y A.L., una empleada de la sede central de Contsa en Sevilla. En la causa penal por la suspensión de pagos de Contsa están acusados hasta ahora el presidente de la empresa, su esposa, un apoderado y una administrativa, pero la juez ha emprendido una nueva ronda de declaraciones de imputados que comenzó la semana pasada con F.G.Z., presidente de la Asociación de Afectados de Contsa.

Dicho imputado negó haber cobrado 200.000 euros y declaró que cuando los cobró de Salas Burzón, en octubre de 2007, se los volvió a entregar de inmediato para participar en una ampliación de capital.

La inmobiliaria Consta se encuentra en suspensión de pagos desde febrero de 2008 con unas deudas que totalizan 115 millones de euros a 1.653 afectados, en su mayoría pequeños ahorradores.

El servicio de prevención de blanqueo de capitales de la Policía detectó que Contsa hizo pagos presuntamente irregulares por valor de 6 millones de euros en los últimos meses de 2007, cuando ya era consciente de sus dificultades económicas y había dejado de pagar a sus acreedores.

La Policía imputó al dueño de Consta diversos pagos y detracciones irregulares, así como ventas rápidas de inmuebles en los meses previos a la suspensión de pagos, por lo que ha sido acusado de los delitos de estafa, delito societario, falsedad y apropiación indebida.

El informe de los administradores judiciales entregado al Juzgado de lo Mercantil recoge un déficit de 86 millones de euros entre el activo de 28,4 millones y el pasivo de 115,2 millones, que la empresa debe a 1.653 pequeños inversores.