Sí a Bolonia y a la universidad pública de calidad
A finales de los noventa se cernían varias amenazas sobre el sistema universitario europeo: pérdida de su hegemonía en el contexto mundial, falta de flexibilidad para la movilidad de los estudiantes europeos, dificultades de los titulados para encontrar empleo en un país distinto en el que estudió por el desconocimiento de las competencias adquiridas al haber cursado el mismo, y, en general, la existencia de programas formativos en la mayoría de las universidades poco adecuados para ofrecer la formación necesaria a sus egresados para incorporarse como profesionales en la sociedad actual, la Sociedad del Conocimiento.
La Declaración de Bolonia (1999), suscrita por 29 estados europeos, entre ellos España, sentó las bases para la construcción del Espacio Europeo de Educación Superior (EEES), extendiéndose el plazo temporal para su realización hasta 2010.
Es entonces, en 1999, cuando los ministros de 29 estados europeos con competencias en Educación Superior firmaron la Declaración de Bolonia, en la que se plasmaban los objetivos que permitieran la creación de un Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) para el año 2010. Durante los casi nueve años transcurridos desde entonces, las universidades y los gobiernos europeos han estado trabajando en cómo ir dando forma a todo esto, construyendo lo que algún día será el EEES mediante un proceso que ha recibido el nombre de Convergencia Europea. En posteriores Conferencias de Ministros de los países participantes en este proceso (Praga, 2001; Berlín, 2003; Bergen, 2005 y Londres, 2007) se han ido definiendo objetivos concretos y se han acotado los plazos para conseguirlos, a la vez que se ha ampliado el número de países participantes, alcanzando actualmente la cifra de 45. Uno de los principales objetivos a alcanzar es que todos los países adopten un sistema flexible, comparable y compatible de titulaciones que facilite la movilidad de estudiantes y titulados.
Cuatro son los mecanismos sobre los que los firmantes se comprometen a trabajar para conseguir sus objetivos: una estructura coherente, comparable, para la Formación Superior en todos los países del EEES, con tres niveles, Grado, Master y Doctorado; una única forma de medir los estudios cursados en cualquier universidad, introduciéndose el crédito europeo (ECTS) como «moneda única» del haber del estudiante europeo; crear mecanismos de garantía de calidad que acrediten los estudios impartidos en las diferentes universidades del EEES y, por último, la creación de un nuevo documento, Suplemento Europeo al Título (Diploma Supplement), que acompañe a los títulos universitarios en los que, con una estructura homogénea para toda Europa, se explique en, al menos dos idiomas, en qué han consistido los estudios que el poseedor del título, al que acompaña, ha realizado.
Está siendo un proceso largo y duro, que ha estado abierto al debate de todo aquel miembro de la comunidad universitaria que hubiera querido participar, con pasos adelante y atrás que, muchas veces, han causado, por qué no decirlo, cierto desconcierto entre los universitarios y más aún en los equipos de gobierno de las Universidades. En las páginas del Ministerio de Ciencia e Innovación puede encontrarse abundante información sobre el mismo (http://web.micinn.es).
En España, la Educación Superior quedará configurada en tres niveles (o ciclos), los títulos de Grado, de cuatro años de duración y que sustituirán a las actuales Diplomaturas e Ingenierías Técnicas de tres años y a las Licenciaturas e Ingenierías de cinco; los títulos de Master, de entre 1 y 2 años de duración, que constituyen una novedad dentro de los títulos oficiales en España pero que ya venían ofertándose en otros países mientras que en España los másteres existentes no eran homologables como tales en todo el estado, y, por último, el tercer nivel, que seguirá siendo el Doctorado, que reconoce que su poseedor sabe hacer ciencia, sabe investigar e incluso formar en su ámbito a los que generan los conocimientos científicos para, en su caso, transferirlos a la sociedad, a las empresas, a las industrias, contribuyendo así a crear la nueva Europa basada en el Conocimiento.
Los nuevos títulos serán propuestas educativas ante las agencias de calidad y serán auditados, transcurridos seis años desde su implantación, para la correspondiente acreditación como título en el EEES.
La Universidad en el EEES se concibe bajo un modelo que centra su docencia en el aprendizaje del alumno, recayendo sobre ella toda la responsabilidad para que el alumno logre el aprendizaje previsto en sus programas. Tiene que poner a su disposición los medios —materiales y humanos— que logren el éxito del aprendizaje del alumno. El aula deja de ser un espacio únicamente válido para la enseñanza sino que también lo es para el aprendizaje; a la vez, se hace necesario crear nuevos espacios en las universidades donde alumnos y profesores puedan trabajar, con el único objetivo de que el alumno acabe comprendiendo y, en definitiva, aprendiendo lo previsto en su Plan de Estudios. Toda la organización gira en torno a alcanzar este fin y sólo tiene sentido su existencia si el alumno aprende. A este reto pretendemos enfrentarnos, con ilusión, en los próximos años en nuestra universidad.
Pero, ¿qué es lo que está causando tantas protestas entre ciertos sectores del profesorado y del alumnado de las universidades españolas contra este proceso?
El Espacio Europeo de Educación Superior (el plan «Bolonia» como muchos le llaman) se viene pues trabajando desde hace más de 10 años, por muchos políticos y académicos, por gran parte de la universidad, y significa, sin lugar a dudas, la contribución más importante para la construcción de Europa, ya que supone formar ciudadanos en los grandes parcelas del saber y formarlos excelentemente, con afán de superación, con espíritu crítico, con elevada formación en valores, con conocimientos amplios de otro idioma (al menos) diferente al materno, con … ¿Por qué los críticos con este proceso han callado todo este tiempo? ¿Es que hasta que no han visto cómo el cambio también llegaba a lo «suyo» no se han preocupado del tema? Durante todo este tiempo ha habido elecciones generales y autonómicas, elecciones a Rector, por sufragio universal en todas nuestras universidades y, en democracia, ésta es la forma más directa de expresar nuestro acuerdo o desacuerdo con las ideas con las que los diferentes candidatos acuden a las urnas.
La gestión del cambio hacia el nuevo EEES está viniendo acompañada en España y en Andalucía en particular, por otras medidas que afectan a la Universidad, que en muchos casos nadan tienen que ver con el proceso de Bolonia, aunque se relacionan con éste.
Recientemente, hemos leído cómo los ingenieros informáticos se movilizaban contra el proceso de Bolonia porque con éste se iba a acabar con su profesión. La realidad es que la profesión de ingeniero informático, al igual que otros muchos titulados incluso ingenieros, nunca ha estado regulada en España, desde que se crearon estos títulos allá por los años 80. Posiblemente, en este colectivo se hubieran creado expectativas de que, al amparo del proceso de Convergencia Europea, se arreglara su, para muchos, injusta situación profesional, problema que aún persiste y es el Gobierno de España el que tendrá que decidir, finalmente, si accede a dar la exclusiva sobre determinadas actividades profesionales a estos ingenieros en detrimento de otros o, por el contrario, abre la desregulación de las profesiones (como algunos pensamos debe hacerse) y que la libre competencia sea la que decida la contratación de sus servicios.
Otro problema que está acompañando a este proceso es el de la financiación de las Universidades Públicas, problema que tiene diferentes lecturas en función de la Comunidad Autónoma española desde la que se analice. Recientemente las universidades de la Comunidad de Madrid han emitido un comunicado, avalado por las fuerzas sociales, en la que muestran su protesta por la gestión política que el Gobierno de la Comunidad de Madrid está llevando en cuanto a la financiación del sistema público de universidades madrileño. Igual sucede, aunque con menos virulencia, en otras comunidades autónomas.
Ciñéndonos a la Comunidad Andaluza, nuestro sistema universitario público está regido por un modelo de financiación que empezó a ejecutarse en 2007 y que deberá renovarse a partir de 2011. Lo más novedoso de este modelo es que una parte de la financiación que obtienen las universidades depende de la consecución de una serie de objetivos, mediante un modelo de Contrato Programa. Con todo, las Universidades Públicas andaluzas contarán para el año 2009, año de crisis, con una financiación, aprobada por el Parlamento Andaluz, de 1.500 millones de euros. Este modelo de financiación no es perfecto ya que mientras permite que alguna universidad pública andaluza pueda utilizar determinadas prebendas para atraer a más alumnos, otras están pagando deudas y disponen de presupuestos mucho más ajustados. El sistema universitario público andaluz tendrá que seguir trabajando para equilibrar estas desigualdades, pero es indudable el esfuerzo que hace nuestro gobierno en esta materia: nunca las universidades públicas andaluzas hemos estado mejor, pero, como todo, hay que seguir financiando más y mejor a las universidades si queremos seguir con el compromiso de mejora de la calidad de nuestros egresados y de la excelencia de la investigación y la transferencia del conocimiento al sector social y productivo.
No parece razonable argumentar, con los datos y compromisos que manejamos de la actual Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa de la Junta de Andalucía, el fin del sistema público universitario andaluz. La «privatización» y otros riesgos que pueda haber tras cualquier movimiento de cambio tendrán que identificarse para eludirlos. Sin embargo, a las universidades se nos exige desde el Parlamento Andaluz la responsabilidad de dar adecuada respuesta al esfuerzo económico que la sociedad andaluza está haciendo en su sistema universitario, haciendo una gestión eficiente de los recursos que los andaluces ponen a disposición de sus universidades. En este sentido, las universidades estamos obligadas a considerar la viabilidad de ciertas titulaciones que no tienen demanda en nuestro entorno social, poniendo más recursos en aquellos estudios más demandados. Debemos tener en cuenta que el coste medio de impartir un año académico en nuestras universidades es de 6.000 euros por alumno, por lo que un curso de 60 alumnos representa un coste de 360.000 euros de dinero público. No es una cuestión de mercantilismo sino de responsabilidad en el uso de los recursos públicos.
Dentro de la cantidad que el Gobierno destina a sus universidades se encuentra la partida destinada a becas. Las becas para nuestros estudiantes siguen siendo un instrumento de justicia social y no hay ninguna razón para pensar que pudieran desaparecer, todo lo contrario, cada año aparecen nuevas modalidades de becas y ayudas para los estudiantes universitarios y aumenta su cuantía. Este curso, por ejemplo, muchos de los alumnos de la Universidad de Cádiz que disfruten de una estancia Erasmus, es decir, de un programa de movilidad que le permitirá cursar parte de su carrera en otra universidad europea con plena validez académica, podrán tener una beca de hasta 1.100 euros mensuales, uniendo ayudas de las diferentes administraciones, estatal y andaluza. Igualmente, hay becas para los alumnos de Master o para los alumnos que hacen el curso de acceso para mayores de 25 años. Además, es posible obtener préstamos de entidades financieras cuyos intereses los paga el Ministerio, la Junta e, incluso, en ocasiones, la propia Universidad, préstamos que no hay que empezar a devolver hasta finalizar los estudios o incluso un año más tarde.
En definitiva, aunque nos enfrentemos a un proceso de profundos cambios, las universidades lo abordamos como una oportunidad para corregir posibles errores del pasado y ofrecer a nuestra sociedad un servicio mejor, con unos programas formativos más actualizados y de calidad acreditada y con una componente práctica que hará aún más visibles las competencias de nuestros graduados y másteres, con pleno reconocimiento y validez en todos los países europeos y en todos aquellos que, voluntariamente, se han sumado a las «bondades de Bolonia». Estoy seguro que la Universidad española sabrá superar, como ha hecho a lo largo de sus más de cinco siglos de existencia, esta etapa.
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