Actualizado Viernes, 27-02-09 a las 15:57
Agentes de la Guardia Civil han registrado desde primeras horas de la mañana el Ayuntamiento de Alcaucín, que rige el socialista José Manuel Martín Alba, apodado «El Calayo», sobrenombre por el que se le conoce en la comarca de la Axarquía, y el servicio de Arquitectura de la Diputación Provincial de Málaga. Tanto el regidor como el jefe del servici han sido arrestados, junto a otras 11 personas en el marco de esta operación.
Según han informado fuentes de la investigación, la actuación en el Consistorio de Alcaucín se practica por un presunto delito de corrupción urbanística. La operación trata de probar los pagos tanto en dinero como en especie por parte de empresarios a cargos públicos que cometían o encubrían presuntos delitos e irregularidades urbanísticos, según comunicaron las mismas fuentes.
Las detenciones han sido ordenadas por el titular del Juzgado número 3 de Instrucción de Velez-Málaga (Málaga)y en ella participan también la Fiscalía especial contra la corrupción y la Fiscalía de Medio Ambiente y Urbanismo. Los investigadores sospechan que se han podido producir delitos de tráfico de influencias, prevaricación, falsedad documental, cohecho, blanqueo de capitales, delitos contra la ordenación del territorio y estafa.
Según fuentes consultadas por ABC, a las 4.00 horas de la madrugada se habrían presentado los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, quienes habrían comenzado los registros sobre las 8.00 horas y cuando los funcionarios han llegado a sus puestos de trabajo, han sido «invitados» a conectar sus ordenadores y marcharse a sus casas. En la operación, los agentes han requisado varias computadoras. A varios funcionarios se les está tomando declaración en estos momentos.
Como consecuencia de los registros, la Guardia Civil ha detenido a trece personas en las provincias andaluzas de Huelva y Málaga por presuntos delitos urbanísticos, entre los que se encuentra el alcalde de la localidad malagueña de Alcaucín.
Además entre los detenidos están, según las mismas fuentes, dos hijas del alcalde, el jefe del servicio de Arquitectura de la Diputación Provincial de Málaga, promotores inmobiliarios y gestores. El jefe de Arquitectura ha participado en diversos proyectos urbanísticos aprobados en la zona, encargado de emitir los informes favorables a ciertas obras.
Según fuentes de la investigación, entre otros asuntos, se investiga la promoción, construcción y posterior comercialización de una urbanización de viviendas en la comarca malagueña de la Axarquía.
A estas horas continúan los registros de agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en casa del alcalde y de varios vecinos del municipio malagueño. En estos momentos, la sede del Ayuntamiento está totalmente cerrada y la sensación que ha cundido en el pueblo es de estupefacción. Según algunos testimonios recabados de estos vecinos, se temía que «algo así pudiera ocurrir». Los registros también se están llevando a cabo en las dependencias del servicio de Arquitectura de la Diputación de Málaga. Sin embargo, fuentes del organismo sí aclararon que el ente provincial «no tiene ninguna implicación». El organismo supramunicipal es el encargado de redactar los planes generales de ordenación urbana de los municipios malagueños menores de 20.000 habitantes que lo soliciten.
Largo historial de denunciasEl historial de quejas que acumula Martín Alba por su gestión al frente del Ayuntamiento, con 2.469 habitantes, viene de largo. De hecho, el diario «Sur» ya publicó, hace ahora seis años, informaciones en las que ecologistas pedían a la Junta de Andalucía que retirase las competencias urbanísticas al Consistorio. El Gabinete de Estudios de la Naturaleza de la Axarquía (GENA-EeA) demandó a la Consejería de Obras Públicas que retirasen esta facultad para la redacción, aprobación o gestión de figuras de planeamiento y otorgamiento de todas las correspondientes licencias.
Desde el colectivo se criticaba que el Consistorio hubiese iniciado un proceso de renovación de las Normas Subsidiarias del Planeamiento Municipal, «cuando se trataba de normas obsoletas tras la entrada en vigor de la LOUA en enero de 2003 que obliga a todos los municipios a redactar un Plan General de Ordenación Urbana». GENA presentó 12 alegaciones a esta revisión y solicitó al Consistorio y a la Comisión Provincial de Urbanismo que paralizase e invalidase este proceso, aplicando medidas las correctivas y sancionadoras pertinentes.
El colectivo también criticó la propuesta que se incluye en las normas de calificar 189.457 metros cuadrados como suelo urbanizable, frente a los 74.000 actuales, «lo que supone un 200% de incremento, muy por encima del 40% permitido según las nuevas normas del POT de Andalucía», según el coordinador de GENA, que sospechaba que estas normas tienen como objetivo justificar la construcción de un bloque de viviendas.
Posteriormente, en 2008, la Fiscalía de Málaga denunció al alcalde del PSOE por la presunta concesión de licencias para viviendas ilegales en el municipio. En esta denuncia, además, se apuntaba a un supuesto delito de prevaricación urbanística cometido entre los años 2004 y 2006.
Al parecer, según fuentes cercanas a este caso, el regidor habría autorizado una decena de licencias para reforma de viviendas antiguas, cuando en realidad se trataba de permisos para nuevas construcciones unifamiliares. Estas nuevas edificaciones se ubicarían en suelo no urbanizable, por lo que se considerarían ilegales. En esta ocasión también se denunció al arquitecto municipal de Alcaucín por haber emitido informes favorables a las actuaciones sin comprobación.
El alcalde también fue objeto de las iras de los regantes de la zona, porque al parecer, según denunció la comunidad de regantes de Alcaucín, el agua de la zona «se desviaba hacia promociones ilegales». La comarca de la Axarquía es otro de los puntos negros de Andalucía salpicados por casos de corrupción urbanística, además de los sobradamente conocidos Marbella o Estepona. En la Axarquía, alcaldes como el de La Viñuela y Alcaucín, acumulaban numerosas denuncias que están siendo investigadas todavía en el juzgado.
