Uno de los 13 detenidos en la operación «Arcos», que investiga una trama de corrupción urbanística en el municipio malagueño de Alcaucín, fue puesto ayer en libertad tras ser interrogado por la Guardia Civil, según informaron fuentes de la investigación. Se trata de la secretaria del jefe del servicio de Arquitectura de la Diputación Provincial de Málaga.

El alcalde de Alcaucín, el socialista José Manuel Martín Alba, conocido como Pepe «El Calayo», junto a otros imputados en el «caso Arcos», permanecía ayer en la Comandacia de la Guardia Civil para prestar declaración. Fuentes jurídicas señalaron que el detenido, acusado de cohecho, blanqueo, prevaricación, tráfico de influencias, falsedad documental estafa y delitos contra la ordenación del territorio, podría pasar a disposición judicial en las próximas horas.

Además del regidor municipal, fueron arrestados por la Guardia Civil varios familiares y un aparejador municipal. También fueron detenidos el jefe del servicio de Arquitectura, J. M., así como el dueño de la inmobiliaria Crocasa, el propietario de la inmobiliaria Alta Axarquía y tres familiares de los empresarios.

El Juzgado investiga numerosas promociones de viviendas ilegales realizadas en la localidad malagueña y el pago de comisiones por parte de los empresarios detenidos al regidor municipal, quien podría haber recibido, según algunas fuentes, en torno a los 500.000 euros.

El valor de las últimas promociones de viviendas supuestamente ilegales en Alcaucín ascienden a unos seis millones de euros. Además, fuentes del sector de la construcción señalaron que las viviendas de la comarca de la Axarquía se han estado vendiendo entre 200.000 y 300.000 euros, mientras los pisos se han puesto a la venta entre 120.000 y 180.000 euros.

La Junta se justifica

El consejero de Vivienda, Juan Espadas, dijo ayer que el Gobierno autonómico ha tramitado 21 denuncias de particulares sobre el urbanismo en Alcaucín y ha impugnado 27 acuerdos del Ayuntamiento de esta localidad malagueña donde se investiga la presunta trama de corrupción.

Espadas defendió las medidas tomadas por el Gobierno andaluz sobre el control urbanístico y precisó que los acuerdos municipales impugnados correspondían fundamentalmente a licencias «indebidas».

También destacó que entre 2002 - año en que se aprueba la ley de Ordenación Urbanística de Andalucía- a 2005, cuando se crea la Dirección de Inspección, la Junta ha tramitado casi 800 denuncias en municipios la comarca de la Axarquía.

«Es falso que no se hayan tramitado denuncias», subrayó Espadas, quien añadió que de las 800 tramitadas, 85 fueron recursos contenciosos administrativos para impugnar licencias urbanísticas. Agregó que solo en el año 2004 la Junta impugnó en Alcaucín 11 licencias del Ayuntamiento. Espadas insistió en que los controles urbanísticos «funcionan mejor que hace unos años» por las leyes aprobadas por el Gobierno andaluz y recordó que una cosa son las irregularidades urbanísticas y otra las responsabilidades penales.

«Cuando el secreto de sumario se abra podremos comprobar si los presuntos delitos están o no relacionados con las impugnaciones que presentó la Junta»