Desde 2004 los edificios de la capital hispalense están sujetos a una ordenanza municipal, recientemente reformada, que obliga a sus propietarios a realizar una inspección para detectar posibles problemas en sus inmuebles. En concreto, se trata de analizar el estado de la cimentación, estructura, fachadas, cubiertas y paramentos e instalaciones (saneamiento, fontanería y electricidad) del edificio y, en caso de que se detecten anomalías, llevar a cabo las pertinentes reformas para paliar los fallos detectados.

La ordenanza establecía que todos los edificios tendrían que pasar dicha inspección cuando cumplieran los veinte años de antigüedad, y marcaba unos plazos para los que fueran más antiguos: los que tuvieran más de cien años -6.542 fincas-tendrían que presentar el informe como máximo el 6 de julio de 2005 y aquellos que tengan entre 75 y 100 años -2.057- antes del 6 de julio de 2006. Así las cosas deberían haber cumplido ya con ese trámite 8.599 inmuebles, pero hasta ahora sólo lo han hecho 5.179, lo que supone que casi tres mil quinientos propietarios de fincas no han cumplido con lo establecido en esta ordenanza municipal.

En principio el incumplimiento de esta ordenanza como otra cualquiera habría supuesto la imposición de sanciones, por parte del Ayuntamiento que, en este caso, pueden rondar entre los 600 y los 3.000 euros. Sin embargo la Gerencia de Urbanismo no ha iniciado expediente sancionador alguno a aquellos propietarios que no han presentado sus inspecciones técnicas.

La razón de esta falta de sanciones ante el incumplimiento de una ordenanza municipal puede estar en la polémica surgida en torno a la ordenanza aprobada en 2004 y las dudas que se plantearon sobre la potestad del Ayuntamiento para ordenar la inspección de edificios en consonancia con lo establecido en la Ley de Ordenación Urbana de Andalucía (LOUA).

La nueva ordenanza, que tras su aprobación en diciembre y su reciente publicación en el Boletín Oficial de la Provincial (BOP) sigue cumpliendo trámites para su entrada en vigor, viene a paliar esta situación y, además, en su disposición transitoria segunda aplaza la presentación de los informes de los edificios que debían haber cumplido ya con ese tramite y los que tendrían que hacerlo este año en principio hasta el 6 julio de este año. No obstante Urbanismo estudia ahora ampliar el plazo cuatro meses más, hasta el 6 de noviembre. La medida afectará tanto a las fincas con más de cien años como aquellas que tienen entre 50 y 75 años y las 7.369 con una antigüedad entre 50 y 75 años y que debían cumplir con el trámite este año.

Entre unas y otras este año 2009 deben de pasar la ITE más de diez mil edificios de Sevilla -10.789-, todos con más de cincuenta años de antigüedad. Entre ellos se encuentran edificios de importantes barrios de Sevilla, entre ellos la mayoría de los bloques de barriadas como Los Pajaritos o La Candelaria y buena parte del barrio de Los Remedios.

Los próximos inmuebles que deberán cumplir con la presentación de la ITE son aquellos que tengan entre 25 y 50 años de antigüedad, Se trata de 27.210 fincas que tenían siete años de plazo para cumplir ese trámite, es decir hasta el 6 de julio del año 2011.

Posteriormente, les tocará a los inmuebles que cuando se aprobó la ordenanza, allá por el año 2004, tenían una antigüedad de entre 10 y 25 años, que deberán llevar a cabo los trámites necesarios antes del 6 de julio del año 2014. En este último caso se encontrarían 11.912 fincas. A partir de ese año, le tocará el turno a todos los edificios con más de veinte años de antigüedad.

Dos meses de tramitación

En la actualidad, el tiempo medio de tramitación desde la presentación del informe hasta su aprobación, señalan desde la Gerencia de Urbanismo, es de unos dos meses en el caso de aquellos expedientes que se adecuan a lo requerido por la ordenanza. Desde Urbanismo se confía que la entrada en vigor del sistema que permitirá la presentación de los informes vía internet agilice bastante la tramitación.