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Acusan al alcalde de Burguillos de blanqueo y coacciones en pro de una empresa ligada al PSOE

Acusan al alcalde de Burguillos de blanqueo y coacciones en pro de una empresa ligada al PSOE

El alcalde de Burguillos, el socialista José Juan López, participó en 2001 en una compra de suelo rústico en la que benefició al grupo empresarial vinculado al PSOE local —La Cruz de la Ermita—, al que cedió los derechos de compra tras haber pactado con los vendedores la adquisición de los mismos como Ayuntamiento en sí. En esa operación, según expusieron ayer en el Juzgado de Instrucción 3 los vendedores, los hermanos César Torrado, el alcalde les presionó para que vendieran bajo la amenaza de que, de no hacerlo, se quedarían sin nada pues en esos suelos se iba a «construir una carretera» y que «el tren pasa sólo una vez».

Estas declaraciones de los antiguos dueños de las fincas se incluyen en la instrucción del caso que se investiga tras la publicación por parte de ABC el 21 de mayo de 2007 de los datos de esa operación y de la posterior denuncia del PP. En dicha operación, además, la sociedad municipal, Burguillos Natural —como parte de La Cruz de la Ermita—, compró con dinero negro los terrenos, ya que el contrato con los César Torrado se fijó en 75 millones de las antiguas pesetas —cantidad que finalmente se abonó —, pero las escrituras se fijaron en poco más de 20 millones de pesetas, abonándose a los propietarios de las parcelas el resto con dinero «B» pese a que la empresa compradora tenía participación pública.

Las declaraciones de los vendedores, imputados en este asunto al igual que el alcalde, dejan en una posición muy delicada al regidor socialista, acusado de coacciones y amenazas por los mismos y también del manejo de dinero negro en la compra-venta, ya que los vendedores admitieron al juez el cobro de unos 55 millones de pesetas sin que ese dinero se declarase.

En la operación, el alcalde actuó de mero intermediario en favor de la sociedad ligada al PSOE, pues en ella estaban su primo, Ramón Juan Fernández, el secretario local de ese partido, José Vaquero, y hasta un concejal socialista, Rafael Garzón. Esa compañía, La Cruz de la Ermita —que es investigada desde hace varios años por la Justicia—, obtuvo beneficios multimillonarios una vez comprado el suelo rústico al recalificarlos el propio Ayuntamiento y luego venderlos por cantidades mucho más elevadas.

Vender... y callar

Los hermanos César Torrado, Antonio y Salud, expusieron al magistrado que se habían sentido «obligados a vender» los suelos por las presiones del alcalde y su primo, que les advirtieron de que les iba «a expropiar un cacho y que por allí iba a pasar una carretera». Señalaron los vendedores, según el acta de su declaración de ayer, que en una reunión posterior a la operación, el alcalde les indicó qué es lo que tenían que decir si se les preguntaba, entre otros aspectos, por el precio de la venta, del que tenían que afirmar que «habían sido 20 millones» cuando lo cobrado fueron 75. Estos hermanos desconocían por completo que, en realidad, estaban vendiendo a La Cruz de la Ermita, y simplemente se limitaron a dejar los papeles «a la abogada del Ayuntamiento» una vez que fueron firmados. Además, comentaron al juez que «no tenían idea de vender» la finca, pero «todos los días» iban a buscarles el alcalde y su primo para presionarles. Uno de los hermanos expuso en el juzgado que se sintió «engañado» y que si le hubieran dicho «que por allí no iba a pasar una carretera», no hubieran vendido los suelos.

La parcela, incluida en el Plan Parcial 5 del PGOU burguillero, se compró a los César Torrado en dos mitades precisamente el mismo día y en el mismo despacho notarial en que se constituyó La Cruz de la Ermita, creada ex profeso para esa operación. Varios meses antes, el alcalde, como representante de la empresa municipal, se comprometió en una opción de compra a la adquisición del 50% del suelo, pero luego Burguillos Natural se hizo sólo con el 12%, quedando el otro 38% de la parte comprometida por el alcalde para la sociedad vinculada al PSOE.

El abono del dinero se dividió en cuatro partidas de 15, 20, 35 y 5 millones de pesetas, según la opción de compra pactada, firmada por los miembros de la familia vendedora, los compradores y el propio José Juan López.

Por «emergencia social»

El alcalde también declaró como imputado, explicando al juez que la operación se debió a la «emergencia social» de la compra, porque llegó a derrumbarse el muro de contención de una de las 50 viviendas limítrofes. En este sentido, afirmó que lo único que hizo fue «transmitir a empresarios locales la opción de compra» que había recibido de la familia propietaria. El regidor socialista negó ante el juez haber amenazado con la frase «los trenes sólo pasan una vez» y haber utilizado la expropiación «o cualquier otro medio para llegar a ningún acuerdo con familias del municipio». Dijo no recordar haber dicho a la familia César Torrado «que por allí pasaría una carretera».

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