En sesión extraordinaria celebrada el pasado Domingo de Pasión, el Gobierno decidió, con festividad y alevosía, intervenir la Caja Castilla-La Mancha (CCM). La intervención del Banco de España se hace con la cobertura jurídica de la Ley de Disciplina y obedece a la extrema gravedad de la situación de la caja, al borde del colapso. La situación era conocida y a ella obedecía el intento de absorción por parte de la andaluza Unicaja. No es descartable que este paso se incardine dentro de una hoja de ruta encaminada a ese objetivo final (se interviene, se sanea y se adjudica), pero ello no va a evitar que se produzcan efectos secundarios indeseables e inevitables de carácter financiero, social y político. Al economista en el tejado, dos fechas no muy lejanas se le vienen a la memoria. La primera, el día de los Inocentes de 1993. En aquel 28 de diciembre del año post-Expo y post-Olimpiadas, la gran inocentada fue para Mario Conde, el hombre más adulado, homenajeado y solicitado en aquel país donde hacerse rico era tan fácil. Destituido el consejo e intervenido Banesto, los depositantes retiraron casi 100.000 millones de pesetas y los rumores de crisis en otros bancos hicieron que perdieran también depósitos. Se interrumpió la cotización de las acciones y se reanudó en febrero de 2004 con un descenso del 55%, pérdida no muy lejana a la que en los últimos doce meses han sufrido los bancos españoles. La segunda fecha es el 15 de abril de 1994. En comparecencia parlamentaria del ex gobernador del Banco de España, Hernández Moltó exhibió una especial saña, una exhibicionista y sobreactuada elocuencia insultante contra Mariano Rubio. El entonces portavoz del PSOE era hasta ayer presidente de la intervenida caja. La vida tiene esas ironías, esas venganzas aleatorias, anónimas y justicieras.

La transparencia es la virtud más proclamada y, a la vez, la menos practicada, en lo privado y en lo público. Se predica la claridad, pero se practica la opacidad, cuando no la desinformación. Esta ocultación de la prolongada erosión interior es la causa de que parezca a veces que las organizaciones e instituciones se derrumban de golpe, como si el colapso hubiera acaecido sin un deterioro prolongado y previo. El secretismo y los enormes gastos en propaganda obran esta falsificación. El sistema financiero español ha aguantado algo más que otros —un año más o menos— pero era imposible que escapara a la pandemia financiera, tanto más cuanto había generado sus propios activos tóxicos. Las disquisiciones teóricas sobre cómo intervenir, qué hacer con los antiguos gestores o, en su caso, con los derechos de los accionistas, sólo se resuelven de una vez por todas ante la realidad apremiante e invasora de los hechos. La desvalorización de los activos, la retirada de depósitos, la baja calificación crediticia de las emisiones y la dificultad de renovarlas o de colocarlas, han culminado en esta intervención de fin de semana para evitar sangrías mayores.

¿Qué efectos puede tener? Muy significativo me parece que el primer «caído» haya sido una caja de ahorros, entidades sin accionistas privados y controladas por políticos de diverso pelaje. Si era hacia la política y la propiedad pública hacia donde querían algunos encaminarse para escapar de la desregulación y el liberalismo, mal ejemplo se tiene. La intervención afectará negativamente al riesgo reputacional de las cajas y salpicará al resto de las entidades financieras. Ahora se entiende aún menos la limitación a 100.000 euros de la garantía de los depósitos de los clientes. ¿Qué debería hacer el Gobierno? Evitar la alarma social. Darse prisa y presentar ya un plan de restructuración y saneamiento del sistema financiero. El susto, que nos lo den de una vez por todas. Porque la movida financiera ha empezado ya.