El alcalde de Chipiona (Cádiz), el socialista Manuel García Moreno, movió todos los hilos políticos a su alcance para lograr, a finales de 2008, el cierre de la emisora local «Onda Chipiona» que criticaba duramente su gestión, propiedad de un militante del PA. La tv fue clausurada por la Junta al carecer de licencia, situación «alegal» en la que han venido operando prácticamente todas las tv locales.

El primer edil de Chipiona no sólo trató de entrevistarse con el consejero de la Presidencia, Gaspar Zarrías. En su periplo recabó el apoyo de la directora general de Comunicación Social, Matilde Santiago Cossi, y también pidió ayuda para su objetivo a la consejera nombrada por el PSOE en el Consejo Audiovisual de Andalucía (CAA) Carmen Fernández Morillo.

El Consejo es un órgano independiente impulsado por el Parlamento a través de una Ley específica, que teóricamente debe velar por las libertades y los valores constitucionales en el ámbito de los medios audiovisulaes de Andalucía.

«Estimada Carmen», expone el alcalde en un correo electrónico fechado el 25 de septiembre de 2006 y dirigido a Carmen Morillo. «Te he enviado varios cds con ruedas de prensa que se repiten una y otra vez en Onda Chipiona TV, televisión privada en manos del Partido Andalucista; su dueño, José Manuel Rey López —añade— está procesado judicialmente y condenado por emplear indebidamente fondos de la Junta para uso privado de su tv».

Y el alcalde prosigue en el siguiente tenor: «Ayúdame todo lo que puedas pues esta televisión es un cáncer para nuestro pueblo. Eleva esta denuncia al Consejo Audiovisual de Andalucía y ojalá podamos conseguir su cierre definitivo. Un fuerte abrazo y recuerdos a la familia».

En una posdata, el regidor remarca frases pronunciadas por el referido Rey López en la TV, que a juicio del alcalde son «insultos personales», como acusarle de «oscurantismo» de ocupara un sillón «que no le pertenece» o de practicar el mismo sistema que en la etapa de «plena corrupción de la era de Felipe González».

Por su parte, según la documentación a la que ha tenido acceso este periódico, la consejera del Audiovisual escribe al alcalde el 17 de octubre de 2006 lo que sigue: «Te ruego reenvíes tu queja pero sin alusiones personales para que pueda registrarla convenientemente en el Consejo. Dirígelas —le indica al alcalde— simplemente al Consejo Audiovisual de Andalucía. Ya tenemos registrados los cds y sólo estamos esperando tu escrito formal para darle curso».

Activado este resorte, aunque finalmente el consejo no tuvo que intervenir directamente, en 2008 el primer edil chipionero prosigue con sus gestiones.

En mayo solicita una audiencia al consejero de la Presidencia, Gaspar Zarrías, para hablar, entre otros asuntos, de la «problemática de la televisión local e incidencia en la dinámica de la gestión municipal».

Y el 30 de septiembre remite una misiva a la directora general de Comunicación Social de la Junta, a la que pide que lleve a cabo una inspección en la tv —lo que efectivamente se hace como paso previo al cierre— por carecer de licencia, y le comenta también que el responsable de la emisora, Rey López, del que resalta su condición de militante del PA, ha emprendido contra él una campaña de difamación y de injurias.

Este último extremo, sin embargo, no encuentra respaldo en el informe de un experto en asuntos legales consultado por el alcalde.

En el documento remitido al primer edil se alude al interés que hay por «encontrar la vía para conseguir el cierre de la emisora», y se hace un análisis de los programas polémicos de la tv, para llegar a esta conclusión: «por su contenido y alusiones, actuando como oposición al Grupo de Gobierno Municipal, ningún tribunal encontrará algo en estos dos programas constitutivo de delito».