En una situación de crisis como la que vivimos actualmente, el acceso a una vivienda digna se convierte, aún más, en uno de los mayores problemas que tienen los andaluces. La demanda real no ha variado sustancialmente por las cifras de formación de nuevos hogares en Andalucía, que siguen siendo las mismas básicamente que hace unos años en pleno boom inmobiliario, pero sí han cambiado sensiblemente las condiciones de la oferta y los medios para acceder a la misma.

En diciembre de 2007, Gobierno, sindicatos y empresarios firmaron el Pacto de la Vivienda, en el que se proponía la construcción de 300.000 viviendas protegidas en 10 años, de las que el 80% se destinarían a las familias cuyos ingresos no excedieran de 1.300 euros al mes. El ex presidente Chaves, en plena campaña electoral, dio un paso más allá prometiendo viviendas a todos los andaluces que cobrasen menos de 3.000 euros al mes. Para ello el Partido Socialista prometió en 2007 la Ley del Derecho a la Vivienda, y aseguró que en 2008 se pondría en marcha esta ley que permitiría a los andaluces reclamar su vivienda ante los tribunales. Esta promesa dio la vuelta a la geografía nacional, y la opinión pública se hizo eco del coste que podría suponer a las arcas públicas.

No le ha costado nada a la Junta de Andalucía, y al ex presidente Chaves ya no le vincula nada a esa promesa que hizo a los jóvenes y a las familias de Andalucía que pueden esperar. Es más, participa desde el banco azul del Gobierno de España en la nueva propuesta de subida de impuestos a la vivienda que ha formulado el presidente Zapatero y que perjudica directamente a la economía de las clases medias.

Hoy por hoy han caído todos los indicadores de la vivienda salvo la tasa de paro en el sector de la construcción, que aumentó del 10% en 2007 al 22% al cierre de 2008. Se construyen y venden menos viviendas protegidas por la congelación del crédito.

A pesar de que el entonces consejero de Economía y Hacienda y actual presidente de la Junta de Andalucía firmara en noviembre de 2008 un convenio con entidades de crédito para financiar con 9.550.000 euros el Plan Concertado de Vivienda y Suelo para los años 2008-2012, sigue sin llegar la financiación necesaria para hacer realidad el derecho a una vivienda. El mismo que firmó con los bancos el Pacto de la Vivienda, el nuevo presidente Griñán, propuso en su debate de investidura la elaboración de un nuevo Plan para la Financiación de Vivienda Protegida, lo que supone reconocer que lo que existe no está funcionando.

Lo que subyace de toda esta situación es que la política de vivienda del Gobierno socialista en Andalucía ha vivido los últimos años subida al carro de los empresarios de la construcción, y ha abandonado por completo la política pública de vivienda.

Cuando hay una Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía desde 2002, que obliga a los ayuntamientos a adaptar sus planes para que el 30% del suelo residencial sea para vivienda con protección, la Junta ha consentido que en 2009, sólo 78 municipios de 770 hayan cumplido esta ley. El resultado es que la oferta de vivienda protegida durante estos años ha sido aproximadamente de un 10% de la oferta global de vivienda, lejos de los objetivos de la Ley andaluza y lejos de dar respuesta a las más de 300.000 familias en Andalucía que necesitan protección para acceder a una vivienda.

El Parlamento francés aprobó en el mes de febrero de 2007 una ley que instituye el derecho a la vivienda exigible como un derecho al alojamiento o realojamiento. En Andalucía existen más de 5.000 personas que buscan refugio improvisado durante la noche, los llamados «sin techo», y siguen existiendo asentamientos chabolistas como El Vacie o barrios degradados sin que 30 años de socialismo hayan resuelto la situación.

Los andaluces no deben esperar más para acceder a lo que el Estatuto de Autonomía y la Constitución Española consagran como un derecho que es el acceso a una vivienda digna y que depende de la eficacia con que los poderes públicos promuevan las condiciones para acceder a ella. Aunque el presidente Griñán se eche la promesa a sus espaldas, no confiamos ya en la palabra y la eficacia de los gobiernos socialistas en Andalucía.

El Cambio, también en política de vivienda, vendrá desde otras formas de entender el modelo urbanístico basado en un proyecto compartido, que no impuesto, con los ayuntamientos y con los agentes que operan en el sector, entendiendo que la Junta de Andalucía o su Empresa Pública de Suelo no se pueden dedicar a construir urbanizaciones de excelencia en la costa, sino que desde las políticas públicas se debe asegurar que en tiempos de bonanza y en los que no, los más desfavorecidos no se verán atropellados por los gigantes del sector, que es lo que ha venido ocurriendo ante la inacción de la Junta.

El Cambio pasa por favorecer un clima de seguridad jurídica y confianza sobre la base del consenso político y social, una ordenación del territorio sostenible y una política urbanística ágil y capaz de «construir ciudad», con viviendas y equipamientos dignos para todos los andaluces y ajena a cualquier clase de demagogia.