Actualizado Viernes, 15-05-09 a las 15:52
La morosidad en las comunidades de propietarios de Sevilla y su provincia ha aumentado entre el 3 y el 5 por ciento en los últimos nueve meses como consecuencia de la crisis, un repunte que ha afectado, sobre todo, a los edificios de oficinas y los polígonos industriales.
Estos datos han sido ofrecidos hoy en conferencia de prensa por el presidente del Colegio de Administradores de Fincas de Sevilla, Rafael del Olmo, quien ha confiado en que la actual situación "no vaya a más", ya que "la mentalidad" de los ciudadanos ha cambiado desde la aprobación, en 1999, de la nueva Ley de Propiedad Horizontal, que permite el embargo de los bienes de los morosos.
Aunque la situación no es "alarmante", Del Olmo ha explicado que la crisis sí está afectando a aspectos como la restricción o el aplazamiento de determinadas obras en los edificios residenciales, así como el mantenimiento o la instalación de ascensores, entre otros.
"Las comunidades están siendo conservadoras en sus gastos", ha explicado el presidente del Colegio de Administradores de Fincas de Sevilla, que ha anunciado la puesta en marcha, previsiblemente en octubre, de un tribunal de arbitraje en materia urbanística auspiciado por dicha entidad y que funcionará como organismo autónomo compuesto por juristas de reconocido prestigio.
La constitución de dicho tribunal está regulada en la ley estatal de Arbitraje y tiene como principal ventaja el ahorro de tiempo y dinero en los casos de conflicto entre los comuneros y la comunidad o los arrendadores y arrendatarios, que se someterían voluntariamente al laudo del tribunal, que es vinculante y no admite recurso.
El tribunal de arbitraje podría resolver problemas como la morosidad en los pagos, el mal uso de los elementos comunes, los ruidos o molestias y las diferencias que puedan surgir entre un proveedor y la comunidad tras la realización de una obra, entre otras cuestiones.
Para adherirse a esta iniciativa es necesario el respaldo de una mayoría simple de la comunidad de propietarios y la idea es dar prioridad a aquellas que están gestionadas por un administrador colegiado (el 70 por ciento de las fincas de Sevilla están administradas por colegiados).
Por otra parte, Del Olmo ha informado de que un 40 por ciento de los edificios de viviendas de Sevilla tendrán que someterse -entre noviembre de 2009 y 2011- a la Inspección Técnica de Edificación (ITE) por tratarse de construcciones de entre 50 y 75 años, lo que conllevará "gastos extraordinarios" de las comunidades de propietarios para afrontar las obras pertinentes.
Ante esta situación, el Colegio de Administradores de Fincas ha suscrito un convenio con dos entidades bancarias para la concesión de créditos sin necesidad de avales a las comunidades que se sumen a esta iniciativa y que, previamente, permitan a un administrador colegiado facilitar información "veraz" sobre el estado de sus cuentas, que deben estar saneadas si quieren acogerse a estos préstamos.