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Una terminal del PSOE

El llamado «caso Unidad» fue destapado en enero de 2006 por ABC, que relató las irregularidades contables en la Federación Provincial de Asociaciones de Vecinos con los fondos recibidos de subvenciones públicas, básicamente del Ayuntamiento de Sevilla.

Hasta el acceso de Alfredo Sánchez Monteseirín, esta entidad tuvo cierta pluralidad entre sus dirigentes, pero en cuanto el alcalde comprobó el terreno, manejó los hilos para construir allí un brazo político del PSOE entre el movimiento vecinal.

Así, colocó al frente de Unidad a su amigo Manuel Gómez Lobo, luego concejal, que como presidente fue el responsable de numerosas anomalías contables en las justificaciones de gastos de cursos supuestamente impartidos por la Federación, en la que incluyó facturas de gastos personales como arreglos en su motocicleta o incluso copas en un pub de Palma de Mallorca. Todo se pagó con dinero de los sevillanos. El Ayuntamiento incrementó nada menos que en un 800% las ayudas económicas a la entidad, que pasó a apoyar abiertamente al PSOE.

Tras Gómez Lobo, Ángeles Nevado, socialista de la Agrupación Este y trabajadora de la Diputación, se hizo con la presidencia, y mantuvo la tónica de politización y de irregularidades al justificar las supuestas actividades financiadas con dinero público, como denunció ABC. En la revisión de expedientes saltó la liebre y se descubrió que Unidad había facturado al menos una actividad por duplicado a Ayuntamiento y Diputación, que habían pagado por lo mismo. Para mayor gravedad, las facturas falsas habían sido elaboradas por el marido de la presidenta Nevado, Ángel Cervera, asesor en Ayuntamiento y luego en Diputación que rellenó los documentos con un CIF falso y a nombre de una peculiar empresa: el quiosco en el Polígono de San Pablo, ya cerrado, de su fallecida madre. Así, las colaron en expedientes de dos administraciones. Rodaron cabezas. Nevado dejó el cargo, se destaparon las tremendas deudas de Unidad —pese a los ingentes ingresos— y el PP denunció el asunto en los juzgados, haciendo ver que tras las facturaciones anómalas y las subvenciones se escondía una financiación ilegal del PSOE.

El asunto dio un nuevo giro en 2007 con la denuncia del PP en plena campaña electoral acerca de un fax enviado en 2002 desde el Grupo Municipal Socialista a Unidad dando instrucciones sobre cómo engordar una factura e ingresar «en la caja fuerte» el dinero negro. Este hecho, que investiga el Juzgado de Instrucción 14, deja de nuevo entrever una compleja estructura de poder, una tela de araña tejida durante años en la que se mezclan trama política, vecinal y la propia militancia socialista. La facturación irregular, las subvenciones injustificadas y la posible financiación ilegal del partido aparecen en el trasfondo de un auténtico chiringuito socialista. En la etapa en que se envió el fax, el presidente de Unidad era Gómez Lobo y su segundo Enrique Castaños —al que el PP señala como autor del documento—. Tras las elecciones de 2003 los dos llegaron al Ayuntamiento, como delegado y director del área de Vía Pública respectivamente, así como responsables del distrito Macarena. Otra vez Macarena. El partido pagaba así su labor en Unidad que tras este escándalo no levanta cabeza y no puede recibir oficialmente subvenciones por arrastrar deudas.

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