SUSANA GÓMEZ MARTÍN

SEVILLA. Las personas que habitan de forma ilegal en el edificio que antiguamente albergó la Fábrica de Sombreros Fernández Roche, en la actualidad perteneciente al grupo inmobiliario Tempa, serán identificadas por la Policía Nacional, según la notificación que la Fiscalía envió ayer al Juzgado de Instrucción número 20 de Sevilla.

Una veintena de personas ocupan el edificio donde han establecido un «Centro Social Ocupado y Autogestionado Fábrica de Sombreros», denominación idéntica a la que utilizara el colectivo de Casas Viejas desalojado por la Policía Nacional en noviembre de 2007. Los okupas se manifestaron ayer a las puertas de los Juzgados de Sevilla donde entregaron un escrito oponiéndose al más que probable desalojo del edificio, acompañado de 1.200 firmas de apoyo de colectivos y personas que citan como usuarias del centro.

Una de las portavoces del colectivo Marta Solanas reconoció que sienten «afinidad» con el grupo de personas que protagonizó la ocupación y posterior encierro en el conflicto del Centro Social Ocupado y Autogestionado Casas Viejas, donde la Policía Nacional consumó una orden de desalojo dictada por el Juzgado de Primera Instancia nº 24 a favor de la C.B. Hermanos Bordas Marrodán. La portavoz advirtió que ambos colectivos «nos conocemos pero hay diferencias» entre ambos movimientos más allá de las «similitudes» de los casos.

Pero la investigación determinará hasta qué punto llegan las afinidades y si entre los ocupas de la antigua fábrica de sombreros hay miembros de lo que fue el colectivo de Casas Viejas, vinculado a organizaciones de extrema izquierda y cuyos métodos hicieron sospechar a la Policía de afinidad con grupos terroristas después de que construyeran un zulo para ocultarse de la policía, extremo que negaron siempre los desalojados, asegurando que utilizaron manuales de colectivos de resistencia europeos.

Una de las portavoces del nuevo «centro» ocupado justificó el asalto de una propiedad privada en el «incumplimiento por parte del Ayuntamiento de su compromiso de expropiación en el plazo de dos años», por eso anunció que «la ciudadanía se encarga ella misma de expropiar la Fábrica». Por ello, «el objetivo de habilitar el espacio fue y sigue siendo garantizar la rehabilitación de este inmueble y su puesta en valor a través de un proceso participativo que anteponga las necesidades del barrio al interés privado y la especulación». Marta Solanas aseguró que un año después Tempa denunció «la ocupación ilegal» del inmueble de la calle Heliotropo, en el barrio de San Luis.

En el escrito que el colectivo entregó al juzgado los okupas hacen referencia a la historia de la fábrica y su valor patrimonial, la memoria de actividades que se han desarrollado y los colectivos que han hecho uso del espacio, un manifiesto apoyado por 70 organizaciones y «autoinculpaciones de personas que declaran usar el «Centro Fábrica de Sombreros» y se consideran responsables solidarios del delito que se les pueda imputar a sus ocupantes, por lo que solicitan que se les llame a declarar». Entre ellos, figura el diputado del Parlamento Andaluz IU-CA y alcalde de Marinaleda, Juan Manuel Sánchez Gordillo, y representantes de sindicatos, un total de 150 personas.