Publicado Sábado, 30-05-09 a las 07:23
El Partido Popular de Andalucía considera que la Ley de Derecho a la Vivienda, aprobada esta semana por el Gobierno andaluz, no servirá «para nada» y ha apostado por planes «realistas» como un programa financiero de apoyo a la vivienda de protección oficial (VPO).
La portavoz de Vivienda del Grupo Popular en el Parlamento andaluz y vicesecretaria del PP-A, Alicia Martínez, afirmó que la Ley del Derecho a la Vivienda es la misma que la que se presentó en 2007 y que fue la «propuesta estrella» del PSOE en las elecciones autonómicas de 2008.
A su juicio, «no es el momento de poner sobre la mesa una ley que no servirá para nada y que no se adapta a la situación de crisis», ya que se elaboró hace más de dos años, por lo que abogó por poner en marcha medidas urgentes para resolver los problemas de financiación de los promotores y de los adquirientes.
Para ello, la dirigente del PP planteó un nuevo plan financiero de apoyo a la VPO, puesto que el convenio suscrito en 2008 por la Junta con las entidades financieras para desarrollar el Plan de Vivienda y Suelo 2008/2012, que recogía un compromiso financiero de 9.500 millones, «no está funcionando».
También está lejos de cumplirse el objetivo de poner en el mercado unos 30.000 VPO al año, pues en 2008 se entregaron en Andalucía unas 10.000 viviendas de ese tipo.
La diputada del PP explicó que el plan financiero de apoyo a la vivienda protegida debe «rectificar» algunos requisitos de acceso como que el adquiriente tengo un empleo estable durante tres años.
Censuró la «improvisación» de la Junta con su iniciativa de comprar viviendas protegidas en las promociones viables, pero que carece de créditos, para ponerlas en alquiler con opción a compra, y sostuvo que con esa propuesta sólo «va a salvar a unos pocos». Puso como ejemplo que en Andalucía hay unas 140.000 pendientes de cambiar la calificación y sólo 3.800 han pasado a ser valoradas como VPO.
El PP quiere que las ayudas se destinen al adquiriente de la vivienda porque «se oyen medidas de compra de suelo por parte de la administración y rescate de promociones que no funcionarán». Centró sus críticas a la Ley del Derecho a la Vivienda en que descarga competencias de la Junta en los ayuntamientos, que «carecen de financiación para calificar VPO».