Publicado Jueves, 04-06-09 a las 13:38
La Asociación Española de Editores de Diarios (AEDE) ha asegurado que redoblará esfuerzos en defensa de sus derechos sobre el uso de sus contenidos en Internet. Un juzgado de lo mercantil madrileño acaba de prohibir a una empresa de resúmenes de prensa distribuir contenidos de periódicos sin contar antes con la autorización de los editores.
La sentencia ratifica que los editores son los titulares de los derechos de propiedad intelectual de los diarios, tanto impresos como en Internet.
Con esa base jurídica, la asociación que agrupa a los editores de diarios españoles explicó hoy en un encuentro informativo que se prepara para trasladar a la Red la defensa de sus derechos de propiedad intelectual.
Hace unos días, la Asociación Europea de Editores de Periódicos (ENPA) recordaba que los agregadores de contenidos en Internet suelen necesitar, para desarrollar su propio negocio, los contenidos producidos por editores de prensa. "Sin esos contenidos editoriales procedentes de la prensa, servicios como Google News o los de otros agregadores ni siquiera existirían, con independencia de que fuesen viables o no", concluían los editores europeos en un comunicado.
La Asociación de Editores de Diarios Españoles, que forma parte de la ENPA, coincide con ese análisis. Su director general, Ignacio Benito, afirmó que ejercerán sus derechos en las distintas plataformas tecnológicas impresas y digitales, presentes y futuras.
"Nos avalan las leyes españolas y europeas, y vamos a perseverar para que nuestros derechos se apliquen con firmeza en todos los ámbitos y en todos los soportes", avisó.
Carlos Ulecia, adjunto al secretario general del Grupo Prisa, destacó la relevancia que la sentencia tiene para el conjunto de grupos editoriales de prensa: "En una sociedad que dice ser del conocimiento, que se reconozca la labor y el esfuerzo de los grupos editoriales de prensa en la generación de contenidos de valor, y que a la vez se reconozca el alcance económico de ese esfuerzo, debe considerarse siempre de forma positiva".
A su juicio, la sentencia marca un punto de inflexión para ordenar los modelos de negocio informativo que existen en el mercado, y que ahora pueden y deben regularse mediante el diálogo entre quienes generan los contenidos y quienes quieren utilizarlos.
Amparo G. Molinuevo, abogada y asesora jurídica del Grupo Vocento, consideró que la sentencia "supone un paso más en el reconocimiento del valor y de la inversión que hacen los editores". "Servirá para regular las relaciones entre empresas, desde la garantía a los derechos de los editores y sin tolerar ningún tipo de aprovechamiento del esfuerzo ajeno", agregó.

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