Vecinos de Punta Umbría denunciaron que el pasado sábado por la tarde, coincidiendo con la celebración de la feria del marisco y con la ola de calor que provocó una afluencia masiva a las playas, la dotación de personal en el único centro de salud de la localidad se reducía a un conductor de ambulancia, lo que originó varios incidentes que afortunadamente no tuvieron consecuencias graves. Este no es un caso aislado. La falta de profesionales sanitarios en los hospitales y centros de atención del Servicio Andaluz de Salud es un mal endémico que en ocasiones alcanza cotas impropias de un país desarrollado. La sanidad andaluza, tan avanzada en algunos casos, es incapaz de garantizar algo tan elemental como que funcionen decentemente las urgencias o que haya el suficientemente número de médicos y camas para atender a los enfermos. En ésas estamos cuando el Consejo de Gobierno de la Junta acaba de aprobar el proyecto de Ley de Derechos y Garantías de la Dignidad de las Personas en el Proceso de la Muerte. Este es el nombre de la conocida como Ley de la Muerte Digna, un conjunto de normas que articula toda una panoplia de medidas para reducir los «procesos agónicos». O sea, que si a usted le da un infarto el sábado por la tarde en Punta Umbría corre el riesgo de morir por falta de atención médica, eso sí, como tiene la suerte de vivir en la comunidad pionera en legislar la Muerte Digna, el trance agónico va a ser estupendo. Se lo garantiza el Gobierno andaluz, que, en este proyecto de ley, ha logrado además el asombroso apoyo de todas las fuerzas políticas representadas en el Parlamento regional.

Últimamente los gobiernos socialistas como el de la Junta de Andalucía se han especializado en legislar sobre asuntos que, además de plantear graves dilemas morales y éticos, carecen de motivación social. De hecho la Ley de Muerte Digna es consecuencia directa del nuevo estatuto de autonomía, que fue reformado por el Parlamento Andaluz para dar cobertura a las pretensiones separatistas de los catalanes ante la indiferencia general de la mayoría de la gente. En cualquier caso la nueva ley, que no contempla la eutanasia activa ni el suicidio asistido que reclamara el ínclito Bernat Soria, lo único que tiene de novedoso es el nombre. Hace tiempo ya que en los hospitales andaluces los pacientes pueden decidir no recibir tratamiento artificial y el encarnizamiento terapéutico está incluso penalizado. Por tanto lo que se ha anunciado a bombo y platillo como una ley pionera no es más que un reconocimiento de la realidad. También es, en ciertos aspectos, una mera declaración voluntarista, porque eso de que se garantiza que el «proceso agónico» de los andaluces tenga lugar en una habitación individual, con asistencia espiritual incluida, es como lo de los ordenadores de Zapatero o el salario para las amas de casa de Chaves. Por cierto, que la dignidad humana no se degrada por el sufrimiento ni por el dolor. La dignidad de una persona no entra en conflicto con su propia naturaleza. Por tanto, envejecer, padecer y morir no son fenómenos que degraden a los seres humanos —¡ojo, no confundir con seres vivos nonatos!— como parecen dar a entender los promotores de la nueva ley.

Con todo, lo que resulta más inquietante de este nuevo proyecto, muy en la línea del intervencionismo en la intimidad de los individuos y de la denominada cultura de la muerte, es la declaración de la consejera de Salud, María Jesús Montero, en el sentido de que la normativa está inspirada en casos como los del famoso hospital de Leganés. Porque lo que reclamaban los autodenominados progresistas del hospital madrileño era la eutanasia activa. Cabe esperar que esta normativa no sea un primer paso para plantear situaciones que tras el eufemismo de la muerte digna escondan realidades distintas. Porque una cosa es morir a su tiempo natural, sin que se acorte ni se prolongue de forma artificial la agonía, con la debida asistencia médica para aliviar el dolor y el sufrimiento, rodeado del cariño de los familiares y amigos , y otra bien distinta es darle matarile a los ancianos y los enfermos terminales sin solución médica, que es lo que algunos pretenden.

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