Los códigos éticos o «de buen gobierno» promulgados por el PSOE y por el propio Gobierno central de José Luis Rodríguez Zapatero obligarían a dejar su cargo al socialista Antonio Rivas, al delegado de Empleo de la Junta de Andalucía en Sevilla, ya que está imputado por el «caso Mercasevilla» desde que la jueza que instruye el asunto dictara el auto el 27 de abril. En dicha resolución judicial, la titular del Juzgado de Instrucción 6 de Sevilla incoó diligencias previas y, en las mismas, informó a Rivas -al igual que a los dos ex directores de Mercasevilla, Fernando Mellet y Daniel Ponce, y a la secretaria de dirección, Regla Pereira- de la existencia del procedimiento para que pueda «ejercitar su correspondiente derecho de defensa», todo «a los efectos del artículo 118 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal». Esto, jurídicamente hablando, significa su imputación, lo que siempre se ha apuntado desde las filas socialistas como motivo suficiente para ser destituido y suspendido de militancia. Nada de esto ha ocurrido con Rivas pese a que hace mes y medio que oficialmente está señalado por la Justicia.

Ese artículo 118 señala el derecho a defenderse de «toda persona a quien se impute un acto punible». Después, se indica que los involucrados «deberán ser representados por procurador y defendidos por letrado». Todo ello refleja claramente que se trata de un requerimiento a un imputado, ya que en el proceso penal sólo se puede ser citado como tal o como testigo, para lo que no es necesario ni abogado ni procurador al tener que comparecer en solitario la persona en cuestión. Los testigos no tienen por qué defenderse. Si no es como testigo, y siendo parte, sólo se puede ir al juzgado como imputado.

Puntualizado este hecho, cabe resaltar por tanto que el delegado de Empleo en la provincia está imputado por la jueza que investiga el intento de cobro de comisiones a empresarios en Mercasevilla, denunciado por el PP en los juzgados tras trasladar la propia Junta los hechos a la Fiscalía. Sin embargo, Rivas no ha sido ni suspendido de militancia ni destituido de su cargo en la administración regional, a pesar de los códigos de que enarbola su partido.

De hecho, fuentes del PSOE sevillano aseguraban a este periódico que «tiene el apoyo absoluto del partido», cuya dirección provincial «ni se ha planteado la posibilidad de dimisión o cese». Los asesores jurídicos del partido han analizado las declaraciones ante la Policía Judicial de Mellet y Ponce y creen que la implicación de Rivas -que no entienden ni siquiera como imputación-, va a quedarse en nada. De ahí que la cúpula socialista otorgue «todo el apoyo que haga falta» al delegado de Empleo. En la última reunión de la ejecutiva sevillana, de hecho, ni se trató el asunto de Mercasevilla.

Desde las filas del PSOE, eso sí, se ha usado insistentemente en los últimos años el argumento de que, a diferencia del PP, entre los socialistas «nunca se mantiene» a un cargo si éste es imputado por un juez, aunque sólo sea mientras se espera un pronunciamiento judicial definitivo. Son muchos los líderes socialistas a los que se les ha escuchado en voz bien alta este discurso. En ese sentido apunta el Código de Buen Gobierno que propulsó el Ejecutivo de Zapatero y que incluso se publicó en el Boletín Oficial del Estado del 7 de marzo de 2005. En él se señala que los altos cargos «asumirán sus responsabilidades» y «no las derivarán hacia sus subordinados», además de indicarse que «se abstendrán de todo tipo de negocios y actividades financieras que puedan comprometer la objetividad de la Administración en el servicio de los intereses generales».

A nivel andaluz

En la misma dirección se mueve el llamado Pacto por el Impulso Democrático que sacó adelante el Gobierno andaluz, al que pertenece Rivas, en 2004. Éste alude básicamente a la «transparencia», al «buen gobierno» y la «responsabilidad política», donde se engloban las ganancias y las respuesta ante la Justicia. Hasta el Código del Buen Gobierno local, impulsado por los socialistas, se mueve en esa dirección. Pero pese a los reiterados mensajes desde el PSOE recalcando una «honradez» del partido ligada a la destitución de cualquier cargo que sea imputado, en el caso de Rivas no sólo no ha habido decisión en este sentido, sino que se ha salido en defensa del delegado. El secretario provincial de los socialistas, José Antonio Viera, ha subrayado la «inocencia» de uno de sus hombres fuertes, indicando que el asunto «obedece a una cuestión aislada» y ajena al propio Rivas. Viera ha insistido en que el ex alcalde de Camas «no está implicado».

No hay querella

De hecho, la Consejería de Empleo y el propio Rivas anunciaron horas después de conocerse que Mellet y Ponce lo habían involucrado en los hechos que interpondrían una querella contra el ex director de Mercasevilla por injurias y calumnias. Con todo, esa querella contra Mellet no ha sido aún interpuesta, tal y como confirmó a este periódico el letrado que defiende al que fuera máximo responsable de Mercasevilla.