La Universidad Internacional de Andalucía acogió ayer la presentación del encuentro «Abogacía, condiciones de acceso, formación, perspectivas y futuro» que se celebrará en la sede onubense de La Rábida hasta mañana jueves. En la jornada de ayer estuvieron presentes Manuel Camas, del Colegio de Abogados de Málaga y director del encuentro; Silvia Jiménez-Salinas, ex decana del Colegio de Abogados de Barcelona y miembro del Consejo General de la Abogacía Española; Juan José Domínguez, decano del Colegio de Abogados de Huelva, y Alejandro Hernández, abogado del Estado en excedencia.

El objetivo de este encuentro es realizar un análisis exhaustivo de la regulación actual de los colegios profesionales, de su futuro y su inmediata adecuación a la legislación de la UE. Además, también se indagará sobre cómo afecta el plan de Bolonia al acceso a la profesión, así como las implicaciones de la nueva Ley de Acceso.

«En el 2011 entra en vigor la ley del 2006 para la titulación de abogado y procurador, que supondrá que el licenciado o graduado en Derecho no podrá ejercer la profesión de abogado hasta que no haya pasado una formación específica compartida con las universidades a través de un posgrado universitario y un examen que todavía está por regular, pero que será común a toda España y se realizará por comunidades», aseguró ayer Silvia Jiménez-Salinas, quien afirmó que «éramos el único país de Europa que no tenía el acceso a la profesión de abogado regulada, ya que en la mayoría de los países se combina la formación práctica con un examen de entrada en los Colegios».

Por su parte, el abogado Alejandro Hernández resaltó que «asistimos a un profundo proceso de liberalización económica y se trata de dar un paso más, de poner fin a las miles trabas que por parte de las administraciones públicas se vienen estableciendo para ejercer con libertar los servicios profesionales». En cuanto a los Colegios profesionales, el abogado aclaró que no van a desaparecer, pero sí se prevé que la colegiación sólo será obligatoria cuando una ley así lo prevea.

Respecto a la reforma del plan de estudios, Manuel Camas explicó que la licenciatura en derecho, normalmente de cuatro o cinco años, pasará a ser un estudio de grado con una duración de cuatro años. Después será imprescindible la realización de un máster que durará un año y medio o dos años y que permitirá presentarse al examen e inscribirse en un Colegio de Abogados.

Por último, el director del curso se refirió a la afectación del sector por la actual crisis económica que vive el mundo actualmente.«La crisis afecta a toda la sociedad y a una profesión tan íntimamente unida a ésta como es la de abogado, le afecta indudablemente», afirmó. Y es que, según Camas, con la crisis cambia el tipo de cliente y de asunto y aparecen dificultades en la financiación de los despachos y en el cobro. Sin embargo, respecto a la situación actual, Alejandro Hernández apuntó que «con la reforma legislativa actualmente en curso se prevé que haya un impulso en la creación de empleo».