Espera que el ministro regrese a una posición de «hombre de Estado» para que el acuerdo no se vea afectado
Que las relaciones del Partido Popular con el Gobierno y con el PSOE no atraviesan un buen momento es un hecho a la vista de cualquiera. El caso Gürtel y sus constantes filtracionesa, primero, y el supuesto espionaje a sus dirigentes denunciado por la formación de la calle Génova, después, han propiciado numerosos rifirrafes en lo que llevamos de verano y han calentado el cruce de declaraciones hasta niveles que rayan a todas luces el insulto y la amenaza.
«Maitines» esta semana
Sin embargo, según fuentes populares, a día de hoy la sangre no ha llegado al río. Salvo cambio de estrategia (la cúpula del PP celebrará «maitines» esta misma semana), parece casi garantizado el normal desarrollo del pacto de caballeros cerrado hace un año (23 de julio de 2008) por José Luis Rodríguez Zapatero y Mariano Rajoy para asuntos de Estado tan vitales como la lucha contra el terrorismo y la modernización de la Justicia.
En este momento sigue pues vigente aquel pacto, renovado de palabra en la última semana de julio en la parte que afecta a Justicia por el ministro Francisco Caamaño y por el portavoz del PP en esta materia, Federico Trillo. Ambos coincidieron en que el balance del año transcurrido desde el encuentro Zapatero-Rajoy era bueno -aunque mejorable- y en que es necesario seguir en la misma línea.
Pero el dirigente popular quiso dejar las cosas claras al ministro: seguirá habiendo colaboración siempre y cuando Caamaño no abandone su posición de «hombre de Estado» para convertirse en «un ariete de partido», como a juicio del PP ha hecho durante este verano cuando ha tenido ocasión de hablar de la trama Gürtel, especialmente la parte que afectó al presidente de la Generalitat valenciana, Francisco Camps.
Así las cosas, en lo que se refiere a la modernización de la Administración de Justicia, el Partido Popular apoyará las iniciativas del Gobierno siempre que éstas cuenten con el beneplácito de los jueces. Especial preocupación mostró Caamaño por la ley que contiene las reformas procesales necesarias para implantar el nuevo modelo de oficina judicial. El proyecto ya ha sido aprobado por el Congreso de los Diputados y, de momento y salvo ulteriores estrategias políticas, parece garantizado que pasará también el examen del Senado.
Más escéptico está el PP ante la reforma del Código Penal, pactada en su día con el antecesor de Caamaño (Mariano Fernández Bermejo) con el fin, entre otros, de endurecer las penas a terroristas y pederastas. Al retraso en la remisión del anteproyecto a las Cortes -tachado de «absoluto incumplimiento» desde las filas populares-, se unen algunas de las advertencias hechas en su informe por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).
De ser atendidas por el Gobierno, las sugerencias del CGPJ podrían «descafeinar» o incluso eliminar una de las medidas estrella que se acordó incluir en el texto punitivo -la libertad vigilada para los delitos más graves- y podrían dar al traste también con el aumento de las penas para los autores de delitos contra la libertad sexual, prostitución y corrupción de menores, aumento que según el CGPJ vulnera el principio de «proporcionalidad».
Otra de las grandes reformas que el Gobierno tiene en su «parrilla de salida» legislativa es la de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. De momento en fase de estudio, tiene entre sus objetivos entregar la instrucción a los fiscales y encomendar a los jueces la tarea de velar por el cumplimiento de las garantías. El PP no está dispuesto a aceptar esta reforma «mientras el fiscal y la policía judicial -aseguran fuentes de ese partido- sigan dependiendo del Gobierno».
Son dos los elementos que mantienen bloqueada la renovación del Tribunal Constitucional, institución en la que deben entrar cinco nuevos magistrados. La primera de ellas es la sentencia del Estatuto catalán, a cuya notificación llevan meses esperando PSOE y PP con el fin de permitir que sea el Tribunal en su actual composición el que culmine el trabajo que empezó hace tres años. La renovación antes de que se dicte esa sentencia supondrá un retraso añadido de la resolución de los recursos contra la norma catalana. Pero el PP cree que se ha dado margen suficiente al Tribunal Constitucional y que su renovación es ya inaplazable. El segundo elemento de bloqueo es la negativa del PSOE a aceptar los dos nombres propuestos por los populares (Enrique López y Francisco Hernando) en la mayoría de las comunidades autónomas. El PP reitera que esos son sus candidatos y que no hay marcha atrás.