La nueva cárcel de Morón ha superado ya los 1.500 reclusos. DÍAZ JAPÓN
El fiscal de Vigilancia Penitenciaria dice que la situación es de «máxima urgencia»
El fiscal coordinador de Vigilancia Penitenciaria de Sevilla, Luis Fernández Arévalo, subrayó hace unos días que la situación es de «máxima urgencia» y que considera «totalmente insuficiente» la anunciada creación de un juzgado de apoyo, que según las noticias llegadas a la Fiscalía tendría un magistrado a tiempo parcial y sólo dos funcionarios. La provincia de Sevilla tenía, según cifras oficiales cerradas a 31 de julio, un total de 3.682 presos repartidos entre Sevilla-1 (1.450 internos), Morón (1.550), el Psiquiátrico Penitenciario (184 reclusos), la Cárcel de Mujeres de Alcalá (160 internas) y el Centro de Reinserción Luis Jiménez de Asúa (338 penados). La cárcel de Morón —Sevilla-2—, inaugurada en julio de 2008, ha superado por primera vez en número de reclusos a la de Sevilla y su elevada ocupación, junto a la apertura del Centro de Reinserción, han provocado que en pocos meses se haya duplicado la población reclusa de la provincia, dato en el que incide la Fiscalía.
Actualizado Martes, 18-08-09 a las 09:03
Los funcionarios de las prisiones sevillanas denuncian la creciente inseguridad en las cárceles a causa de que el creciente número de internos no ha venido acompañado de un aumento de la plantilla. Más bien al contrario. Así lo denunció ayer a este periódico el coordinador de CSIF de prisiones, Claudio Esteban, que puso énfasis en que en el número de operarios «está muy por debajo» de lo que marca la Relación de Puestos de Trabajo (RPT), que «es la cifra necesaria de funcionarios para que una cárcel funcione como debe».
De hecho, el representante sindical expuso que en la nueva prisión, la de Morón —Sevilla II—, hay «prácticamente un centenar menos de trabajadores que lo que marca la RPT, lo cual es un escándalo y hace imposible que el recinto funcione correctamente». En este sentido, indicó que «ni siquiera hay guardias médicas presenciales, y si hay que avisar a un médico que venga de Sevilla se tiene que desplazar 80 kilómetros».
«Así no se puede trabajar —añadió Esteban—, no se da abasto, porque el número de presos ha aumentado mucho y el de funcionarios está muy por debajo de lo recomendable. Por eso la inseguridad para los trabajadores es creciente, porque la atención a los internos es cada vez peor y eso convierte en vehementes hasta a los más tranquilos de cada centro». La cárcel de Morón ha superado ya los 1.500 reclusos, mientras que la de Sevilla I —entre Sevilla y Alcalá de Guadaíra— está también en torno a esa cifra.
Sólo un juzgado
El problema se agrava, según se explica desde el sindicato, por el «evidente colapso» que sufre el único Juzgado de Vigilancia Penitenciaria, que «tiene que atender a una población reclusa de casi 4.000 personas» —en concreto, 3.682 presos—. Se trata, sencillamente, de más del doble de la media nacional por juzgado, que es de 1.624 reclusos, lo cual «resulta insostenible». «Ya avisamos el verano pasado —advierte Esteban— de que esto iba a ocurrir, de que íbamos a estar cerca de los 4.000 internos, pero la Consejería de Justicia de la Junta de Andalucía no ha hecho nada al respecto, aparte de hablar de ampliar, como mucho, a un magistrado más con dos funcionarios, pero nunca un nuevo juzgado».
«Es el juzgado que más internos asiste de toda España con mucha diferencia —explicó el representante sindical—, de ahí que esté colapsado y que su eficacia sea escasa». Eso, en su opinión, genera un enorme malestar entre la población reclusa, que pierde los nervios, con razón, a la espera de resoluciones que le afectan sobre permisos, grados, salidas... sobre todo ahora en verano, que es cuando más quieren disfrutar de esos permisos, claro».
Para Esteban, el riesgo de «colapso inminente» en el Juzgado de Vigilancia Penitenciaria es palpable, ya que «no se resuelven los asuntos pendientes y la situación se complica más en verano, cuando cogen vacaciones en los juzgados. Y la Consejería de Justicia no está haciendo nada por resolverlo».
Explicó Esteban que «muchas veces los internos cogen los permisos casi por azar, cuando le toca al juzgado ver un asunto que lleva semanas parado. Se trata de algo muy grave y que afecta mucho al ambiente de las prisiones. Todo está muy crispado, y más ahora, con lo que la seguridad se resiente y cada vez está peor». De hecho, el sindicalista recalcó que los funcionarios están «cansados de recibir agresiones de los reclusos» que luego no conllevan el pago de una indemnización por la responsabilidad civil de cada uno «ya que siempre se declaran insolventes y se les da la razón».