La Fiscalía de Córdoba ha pedido al juzgado que investigue un supuesto delito de contaminación ambiental por la emisión a la atmósfera de partículas de plomo y cadmio que, según los informes de la Guardia Civil, proceden de tres empresas metalúrgicas.

La investigación se inició a raíz de la denuncia interpuesta por la ONG Mediterrania, cuyo presidente, Ángel Juárez, explicó que los niveles de plomo y cadmio encontrados duplican y multiplican por nueve, respectivamente, los valores permitidos, mientras que otras partículas tóxicas como el PM10 doblan también el umbral permitido.

Estas partículas pueden generar afecciones respiratorias o procesos cancerígenos y, según Meditarrania, alrededor de 20.000 cordobeses estarían expuestos a esta contaminación ambiental. De hecho, el decreto de la Fiscalía en el que se solicita al juzgado que abra diligencias afirma que las primeras muestras tomadas por el Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil reflejan que tres empresas (Kme Locsa, Peninsular del Latón y Cunext Copper Industriel) producen emisiones de partículas en suspensión que «pueden llegar a ser muy peligrosas para la salud».

Mediciones del Seprona

Estos análisis iniciales dictaminan que las emisiones sobrepasan los valores permitidos, ya que hay 91 microgramos por metro cúbico en valores de PM10 cuando el límite es de 50 microgramos, mientras que encontraron emisiones de plomo de 881 y 1.210 nanogramos por metro cúbico cuando el límite es 500.

Del mismo modo, se detectaron entre 22,5 y 47 nanogramos de cadmio por metro cúbico, cuando el límite está en 5. Ante esta situación, Mediterrania ha pedido al Ayuntamiento y a la Junta un informe epidemiológico, ya que quienes viven alrededor de estas empresas podrían estar expuestos a un «grave peligro» de contaminación por exceso de emisión de cadmio y plomo, metales pesados que no pueden degradarse.

Por su parte, el decreto de la Fiscalía también señala que estos hechos y el informe del Seprona fueron puestos en conocimiento de la Delegación Provincial de Medio Ambiente, quien contestó que esos datos correspondían a una medición puntual que no es suficiente para determinar si generan incidencia en las personas o en el medio ambiente, por lo que sería preciso otro análisis más sistemático que permita acreditar el origen de las emisiones.

La Fiscalía cree que los hechos pueden ser constitutivos de delito y pide al juez que recabe un informe técnico sobre los efectos en los sistemas naturales y en la salud de las personas.