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Echarle la culpa al muerto

Juan Antonio Roca optó ayer por echar la culpa de todos los males del Ayuntamiento de Marbella al que fuera alcalde Jesús Gil, ya fallecido _ Según la defensa del cerebro de la Malaya, el PGOU marbellí fue obra del también ex presidente del Atletico de Madrid

Echarle la culpa al muerto

Algunas defensas de los imputados en el caso «Malaya» tienen claro que su estrategia procesal va a ser echarle la culpa al muerto. El primero que desveló sus intenciones fue el abogado del ex asesor de Urbanismo en el Ayuntamiento de Marbella, Juan Antonio Roca, José Aníbal Álvarez, quien responsabilizó al ex alcalde y ex presidente del Atlético d Madrid, Jesús Gil, ya fallecido, de todos los males del Consistorio, al tiempo que defendió la inocencia de su cliente.

Alvarez afirmó que en el Ayuntamiento de Marbella no se movía nada, ni nadie sin el visto bueno de Gil, que fue, además, quien diseñó el Plan General de Ordenación Urbana de esta localidad.

El polémico ex alcalde aprobó en un pleno nocturno un plan al que se oponía la Junta de Andalucía, quien posteriormente impugnó el acuerdo adoptado por el GIL que considerar que invadía competencias de la comunidad autónoma.

«Ni político ni tenía cargo»

Durante su intervención en la sala, el letrado aseguró que Roca, considerado por el juez el «cerebro» de la trama de corrupción de Marbella, no ordenó, ni diseñó el plan general de la ciudad, sino que fue el ex alcalde Jesús Gil y Gil.

Para Álvarez, es ilógico pensar que el consistorio lo moviese Roca cuando «ni era político, ni se presentó a las elecciones, ni tenía cargos de gobierno». Según el letrado, Roca considera que declaró ante el juez bajo presión tras permanecer 72 horas en la Comisaría.

Álvarez criticó también el linchamiento mediático y los juicios de valor sobre su cliente, al tiempo que defendió las sociedades creadas por Roca. En su opinión, sus empresas cumplían con la legalidad, mientras él pagaba a Hacienda y recibía créditos de entidades bancarias.

El abogado arremetió contra la instrucción por la falta de rigor al no precisarse los periodos en los que supuestamente se cometieron los delitos y al afirmar que todo se basa en iniciales y acrónimos.

Por su parte, Ignacio Prieto, letrado del ex alcalde Julián Muñoz, cuestionó la falta de motivación del auto de procesamiento, y señaló que las decisiones urbanísticas se tomaban entre Jesús Gil y Juan Antonio Roca.

Prieto lamentó que se mantenga la acusación contra su cliente cuando el propio Juan Antonio Roca ha negado en otras comparecencia ante el juez que haya realizado algún pago a Julián Muñoz.

El abogado afirmó que su cliente nunca perteneció al entramado del ex asesor de Urbanismo, y recordó que fue desbancado con una moción de censura en la alcaldía tras cesar a Roca como asesor urbanístico.

El defensor de la ex alcaldesa de Marbella, Marisol Yagüe, Pablo Luna, reprochó la falta de precisión que se ha producido en las acusaciones, al tiempo que calificó el «maremagnum de investigación», en un proceso sujeto a la indefensión y por tanto sujeto a la nulidad de las actuaciones.

La Sección Primera de la Audiencia Provincial de Málaga afrontará durante dos semanas los 62 recursos de apelación interpuestos contra el auto de procesamiento del caso «Malaya».

Recurso de los imputados

Tras los ex responsables municipales, se estudiarán los recursos de los empresarios imputados, entre los que se encuentran los principales responsables de la promotora Aifos.

Posteriormente, se verán los recursos de algunos imputados acusados principalmente en blanqueo de capitales, varios abogados y presuntos testaferros de Roca y más tarde el ex primer teniente de alcalde Pedro Román, varios empresarios y marchantes de arte.

Por último, el 30 de octubre, la Sala tiene previsto que el ministerio público y las acusaciones particulares expongan sus argumentos ante el tribunal.

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