La Federación Andaluza de Centros de Enseñanza Privada, CECE-A, ha recurrido ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) las órdenes que resuelven la convocatoria de conciertos de los doce centros que en nuestra Comunidad imparten enseñanzas con el modelo pedagógico de educación diferenciada y que se hallan adscritos a esta patronal.

Con esta medida se abre un nuevo frente en el «pulso» que estos centros vienen manteniendo con la Consejería de Educación desde que ésta anunciara que disponen del plazo de un año para que se acojan al modelo de enseñanza mixta si quieren seguir manteniendo los actuales conciertos. Según ha informado a ABC la asesora jurídica de la CECE-A, Carmen Mora de la Rosa, las citadas órdenes «están siendo recurridas por toda la comunidad educativa de esos centros; así, los padres y los sindicatos han presentado ya sus correspondientes recursos, dado que, tanto las familias como los trabajadores, están plenamente conformes con el modelo pedagógico que estos centros acogieron desde el inicio de su actividad hace más de treinta años, y que tan buenos resultados vienen consiguiendo en su alumnado».

Para Mora de la Rosa resulta llamativo que la Junta «se empeñe en erradicar un modelo de enseñanza con el que todas las partes implicadas están de acuerdo, en el que la población que atienden muchos de estos centros tiene un nivel socio-económico no favorable y en los que se educa en el respeto y la igualdad entre hombres y mujeres».

De ahí que las razones que alega la Administración (discriminación y hacer efectiva la igualdad entre hombres y mujeres) obedezcan, en su opinión, a «cuestiones más bien ideológicas que nada tienen que ver ni con las familias ni con los trabajadores de los centros. De hecho, ni en la Ley de Igualdad nacional ni en la de nuestra Comunidad Autónoma se menciona nada relativo a educar a chicos y chicas por separado». La asesora jurídica de la CECE-A argumenta que esto es así porque esas normas tienen como base una directiva de la UE (2004/113/CE de 13 de diciembre) «que de forma expresa -dice- hace mención a que en educación no se puede considerar discriminación enseñar por separado». «¿Cómo es posible -añade- que para algunos temas no pacíficos la Administración base su argumentación en la normativa y directrices internacionales y para otros se ningunee de esta manera?».

Carmen Mora sostiene que «si la normativa internacional es fuente de derecho debiera ser para todo, de lo contrario se puede incurrir en arbitrariedad de los poderes públicos, algo expresamente prohibido por nuestra Constitución». Es más, asegura que la consecuencia de esta política de la Administración no es otra que «la judicialización del sistema educativo», una circunstancia que «debería llevar a una reflexión en estos momentos en los que se pretende un pacto educativo que, en ningún caso, debiera quedarse en un «lavado de cara» ante la opinión pública», concluye.