VIRGINIA REQUENA
PUENTE GENIL. El delegado de la Vivienda, Francisco García, en respuesta a la petición cursada por parte de la edil de Bienestar Social de Puente Genil, María del Carmen Díaz, para que se actúe sobre las viviendas de las barriadas marginales de Juan Rejano y algunas viviendas sociales de la calle Bailén , señaló que para la Delegación «lo más importante es la regulación de las viviendas».
Días atrás, los cuatro grupos políticos de la Corporación -IU, PSOE, PP y PA- pidieron que se interviniera tanto en la regularización de las viviendas de ambas barriadas como en la mejora de las infraestructuras.
En este sentido, Vivienda informó a ABC del «inicio de seis expedientes de desahucio» en algunas de las 50 viviendas de Bailén, por «estar ocupadas de forma ilegal».
Se trata de pisos que son propiedad de la Junta y que se adjudican en forma de alquiler. El desahucio se llevará a cabo en cuatro de los casos por ocupación ilegal y dos por no residir nadie.
No al derribo
Además, abundó García, se han resuelto otros 18 expedientes finalizando en algunos de los casos en alzamientos y en otros, en la recuperación de las propias viviendas, por parte de la Administración. En cuanto a la propuesta del Ayuntamiento de que se «derrumben los edificios primeros», con el fin de facilitar la convivencia, que se hace difícil ante la disposición de «encajonamiento» de las mismas, esta medida le pareció «extrema» al delegado, quien añadió que se trata de «algo inédito en Córdoba, y lejana a nuestras intenciones».
Sobre las actuaciones en Juan Rejano, la solución, dijo, «es iniciar expedientes de expropiación de algunas de las viviendas», aplicando la normativa en vigor en la Ley de la Vivienda de Andalucía.
Para llevar a cabo estas medidas, dijo, «será el Ayuntamiento el que decida qué pisos se usan de forma incorrecta», y, por tanto, manifestó que «indique cuáles serían los expedientes que más urgen».
También aludió el delegado a la actuación sobre las fachadas de los edificios que están muy deterioradas, y aclaró que los pisos son propiedad de las personas a las que se les adjudicó en su día, al estar en régimen de compra-venta, y, aunque no descartó del todo posibles actuaciones, «éstas se encuentran ahora en un segundo orden».
Tanto en Bailén como en Juan Rejano, para García lo prioritario es «que se apliquen medidas sociales y de seguridad; en definitiva, que la suma de políticas» permitan mejorar la convivencia.