Las pretensiones de la Junta de Andalucía de crear una administración paralela mediante la proliferación de empresas públicas empieza a encontrar la contestación de la justicia, tanto por la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) contra Sadesi como otras anteriores, por ejemplo, contra el Servicio Andaluz de Empleo (SAE). En ambos casos, los fallos frustran las pretensiones de la Junta de destinar personal laboral a realizar tareas de funcionarios, con lo que ello conlleva de duplicidad de funciones y de gasto.

Pero esta no es la única vez que la gestión de Sadesi ha sido puesta en entredicho, ya que su nombre apareció vinculado a las irregularidades que afectaron a su empresa matriz, Sandetel, tras la publicación de un informe de la Cámara de Cuentas que señalaba que aquellas externalizaban todos sus trabajos, pese a contar con 233 empleados.

Sin embargo, estas cuestiones parecen no haber sido tenidas muy encuentra por la Administración autonómica, ya que el sector público andaluz no ha dejado de crecer en los últimos años ni de acumular pérdidas. En concreto, las empresas públicas manejan el 9,1% de los recursos de la comunidad y han recibido de la Junta 11.523 millones entre 2002 y 2005.

La ventaja que ofrecen a la Junta estos organismos es que su funcionamiento es una de las mayores incógnitas de Andalucía, ya que no están sujetas al control del Parlamento. Por ello, sólo se pueden conocer sus cuentas años después, a través de los informes de fiscalización que realiza la Cámara de Cuentas. Por este motivo, desde la oposición se han sucedido las críticas a este tipo de empresas, señalando, tanto PP como IU, su opacidad, despilfarro, competencia desleal con el sector privado, enchufismo, sueldos de directivos superiores al del presidente de la Junta...

Un vistazo al último informe publicado por la Cámara de Cuentas, correspondiente a 2007, muestra que las críticas de la oposición no van muy desencaminadas hacia unos organismos que, según defiende la Junta, permiten una gestión más ágil de la administración.

De entrada, el sector público creció en sólo un año en 29 organismos, hasta alcanzar en 2007 las 146 empresas. La plantilla media de estas empresas públicas en 2007 estaba en 19.751 personas, lo que supuso un incremento de 2.481 trabajadores respecto al año anterior. Egmasa, por ejemplo, creció aquel año en 213 trabajadores, llegando su plantilla a 5.200 personas.

Más de 3.000 millones

Los pagos materializados por el Gobierno andaluz a las 146 empresas en 2007 alcanzaron, según el informe, 3.154 millones de euros, cifra que superó en 600 millones lo presupuestado en las cuentas de la comunidad para ese apartado ese año. Además, esos 3.154 millones doblan la aportación de la Junta a los ayuntamientos andaluces, que es de 1.300 millones.

A pesar de estas aportaciones económicas de la Junta, las empresas públicas perdieron aquel año 1.200 millones de euros. El Gobierno andaluz justifica estas pérdidas en que las inversiones realizadas en el sector público se dedican, sobre todo, a educación y sanidad. El informe de la Cámara de Cuentas, sin embargo, desmiente el argumento de la Junta. Así, entre las que más recibieron se encuentran Idea, la RTVA y Egmasa. Todas ellas tuvieron, a pesar de ello, pérdidas considerables.