
Sobre estas líneas, la sede de Sandetel, en el antiguo pabellón de Italia de la Expo 92, en Sevilla. Sandetel es la empresa matriz de Sadesi, cuya sede aparece junto a estas líneas, y es la que recibió la encomienda
de la Junta
MERCEDES BENÍTEZ. SEVILLA
Actualizado
Miércoles
, 11-11-09 a las 07
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El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) cuestiona la política de la Junta de contratar a empresas públicas y de «engordar» una administración paralela mientras vacía de contenido a sus propias consejerías.
Un reciente auto del la sala de lo contencioso administrativo del TSJA, al que ha tenido acceso ABC, ordena la suspensión cautelar de la encomienda de gestión de la Junta a la empresa Sadesi. Se trata de una sociedad mercantil adscrita a la Consejería de Innovación cuyo capital está participado en su totalidad por la Administración de la Junta. Es además una de las empresas sobre la que la Cámara de Cuentas señalaba numerosas irregularidades.
Contraria a la ley
El contrato, por valor de 97.000 euros, se produjo por una resolución de 27 de febrero, publicada en el BOJA del 18 de mayo, para la operación y soporte de sistemas de gestión empresarial implantado en la Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para el Desarrollo. Sin embargo y después de que el Sindicato Andaluz de Funcionarios, Safa, lo recurriera,
el TSJA ha dictado un auto que suspende de forma cautelar la citada encomienda. Se trata de una resolución sin precedentes contra la que cabe recurso.
El auto deja claro que este tipo de contrataciones a empresas públicas son «contrarias a la Ley y suponen el reflejo de la huida del derecho administrativo que está experimentando la Administración andaluza
El auto deja claro que este tipo de contrataciones a empresas públicas son «contrarias a la Ley y suponen el reflejo de la huida del derecho administrativo que está experimentando la Administración andaluza variando de contenido las atribuciones y funciones de los funcionarios públicos». Además afirma que la suspensión del contrato no supone que se perturbe el interés general porque las tareas ya están siendo desempeñadas «por personal funcionario de la Consejería de Presidencia».
El rechazo de la Junta es contestado de forma contundente por el TSJA, que afirma que estos trabajos pueden ser realizados «por los numerosos funcionarios que tiene la Administración a quien incumbe la planificación y racionalización de sus recursos humanos, sin necesidad de aumentar el gasto». Además, en contra de las alegaciones de la Junta, el alto tribunal asegura que si hasta ahora todas las funciones eran realizadas por funcionarios, la adopción de la medida cautelar no perturbaría el interés general porque si los trabajadores de una empresa mercantil ejercen potestades públicas en la ejecución de la encomienda, la situación «sería difícilmente reversible».
Fuentes de la Consejería de Presidencia aseguraron ayer que acatan el auto aunque han recurrido, informa Europa Press.
Pese a este fallo, éste no es el primer contrato de la Junta a Sadesi. Ya le habían encargado en abril de 2008 otro. Y eso que, según Safja, se trata de competencias que deben ejercer los propios funcionarios. En este sentido, el presidente de Safja, Juan Romero, recordó que existen cuerpos de funcionarios que pueden realizar esos trabajos y que tanto la Ley de Función Pública como el Estatuto básico del empleado público establece que son los funcionarios los que tienen reservado el ejercicio directo de las potestades públicas.Además, el sindicato expresó su temor ante la política de la Junta , ya que está «vaciando de funciones» a los funcionarios mientras «engorda» el presupuesto de las empresas públicas en un 28%.