En la conocida película de Sergio Cabrera «La estrategia del caracol», los inquilinos de una vivienda se encierran para evitar su desahucio y adoptan una arriesgada táctica: ir vaciando poco a poco el inmueble hasta dejarlo sin valor alguno. El auto del TSJA que denuncia el progresivo traslado de competencias desde la Junta de Andalucía a las empresas públicas revela que la administración andaluza sufre un proceso similar, con un lento y progresivo traslado de competencias desde las consejerías hacia estas entidades públicas que no están sujetas ni a la fiscalización parlamentaria ni a los exigentes requisitos de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.

La resolución judicial del Alto Tribunal andaluz se entiende, por tanto, como un importante precedente que debe provocar una reflexión en el Gobierno andaluz. Frente a la decidida apuesta de Manuel Chaves por fomentar la enorme y onerosa añagaza de empresas públicas, el actual presidente andaluz, José Antonio Griñán, debería devolver las competencias a los funcionarios de la Junta y a los conductos administrativos que nuestro sistema establece como garantía de transparencia y eficacia en la gestión. Andalucía ni puede ni debe permitirse el lujo de seguir manteniendo dos administraciones paralelas.