Viernes
, 13-11-09
El portavoz del PP de Ayamonte, Alberto Fernández, indicó ayer que el alcalde de la localidad, Antonio Rodríguez Castillo (PSOE), podría haber cometido presuntamente un delito de tráfico de influencias y otro de contratación prohibida a la autoridad pública, al ser supuestamente «socio de la empresa que lleva la administración y gestión de la urbanización Costa Esuri», ubicada en ese municipio.
En declaraciones a Europa Press, Fernández aseguró que el alcalde es el presidente del consejo rector de la urbanización, mientras que la administración y gestión de Costa Esuri «se la asignó a un despacho de abogados, cuya sede de Ayamonte coincide con la dirección de la oficina de Rodríguez Castillo cuando ejercía de letrado».
Además de «esta coincidencia», el portavoz popular indicó que esta empresa, «formada por tres socios, entre ellos el alcalde, por realizar la gestión cobra todos los meses 7.000 euros, lo que supone un sueldo extra de 2. 500 aproximadamente para cada uno».
Por todo ello, el portavoz popular anunció que su grupo pedirá en el próximo pleno la creación de una comisión de investigación para que se aporte documentación acerca de la contratación de este despacho de abogados encargado de la gestión de Costa Esuri.
