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Denuncian al Ayuntamiento de Valencina de la Concepción por malversación de fondos públicos

Los suscriptores de uno de los convenios urbanísticos implicados en el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Valencina de la Concepción impulsado en el anterior mandato y anulado por el nuevo alcalde, Antonio Manuel Suárez (PSOE), han elevado una denuncia a los juzgados por la no devolución de más de 53.000 euros entregados en el marco del citado acuerdo. Los denunciantes entienden que el Ayuntamiento ha incurrido en una malversación de fondos públicos al no reintegrar la cuantía pese a anular el planeamiento y gozar de liquidez.

Según la denuncia registrada en el juzgado de guardia el pasado 9 de noviembre y recogida por E.P., los firmantes de este convenio urbanístico son propietarios de las parcelas rústicas de «Las Moreras» y se constituyeron en una sociedad civil a la hora de rubricar con el Ayuntamiento, entonces gobernado por el independiente Adolfo Balseiro, un convenio relativo al desarrollo urbanístico de estos suelos. Los dueños de los terrenos abonaron el 33,33% de la cuantía total del convenio tras la firma del mismo y otro 33,33% tras la aprobación inicial del PGOU. El resto tenía que abonarse cuando el planeamiento urbano fuera aprobado definitivamente.

Sin embargo, las elecciones municipales de 2007 desalojaron del poder a Adolfo Balseiro y el nuevo Gobierno municipal anuló el acuerdo previo de aprobación inicial del nuevo PGOU, medida por la que el colectivo de propietarios de «Las Moreras» comenzó a reclamar las partidas entregadas. El nuevo alcalde contestó a esta petición diciendo que «no había dinero» aunque la denuncia recoge que un «arqueo extraordinario» de las cuentas municipales reflejaba un «saldo» de más de 1,3 millones de euros en «diferentes cuentas» a nombre del Ayuntamiento.

El pasado 23 de febrero, según recoge la denuncia, los afectados se reunieron por última vez con el alcalde, que les habría prometido la «devolución» del dinero entregado, extremo que aún no se ha producido. Por eso, el conjunto de propietarios acusa al Ayuntamiento de un posible delito de «malversación de fondos públicos», dado que el citado arqueo reflejaba el dinero disponible y la actual normativa autonómica del suelo prohíbe el gasto de los ingresos derivados de los convenios urbanísticos en otros fines ajenos al propio desarrollo del planeamiento.

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