La defensa del ex director adjunto de la sociedad pública Mercasevilla Daniel Ponce, imputado por un intento de cobro de comisiones ilegales por el Juzgado de Instrucción número seis, alega en el recurso elevado contra su despido ante los juzgados de lo Social, que el propio convenio colectivo de Mercasevilla exige «una sentencia firme por delito» para resolver la relación contractual, por lo que «la simple imputación» no podría ser causa de despido.

Según el recurso formulado por la vía Social, entregado el 19 de noviembre y recogido por Ep, «la simple inclusión» de Ponce en el procedimiento judicial incoado por la juez Mercedes Alaya, «no puede, en modo alguno, ser causa de despido», sobre todo porque el propio convenio colectivo «exige una condena firme por delito» para disolver la relación contractual. Ponce, como se recordará, está imputado por el supuesto intento de cobro de comisiones ilegales a dos empresarios del grupo hostelero «La Raza».

A tal efecto, el recurso recuerda que Ponce «es despedido por estar incurso en un procedimiento judicial, lo que atenta gravemente contra sus derechos fundamentales», porque de la carta de despido firmada por el nuevo director gerente, Jordi Maymó, se desprende que «la sola inclusión en el procedimiento parece ser» la causa del despido.

Igualmente, en el recurso, la defensa de Ponce niega que este omitiese la justificación de gastos de viaje cargados a la empresa, porque los gastos aludidos en el expediente disciplinario incoado contra Ponce por Mercasevilla «fueron reintegrados» pese a que la empresa los contabilice como «entrega no justificada», afirma.