El director general de Oficina Judicial, Justicia Juvenil y Cooperación de la Consejería de Justicia y Administración Pública, Jorge Pérez de la Blanca, dijo comprender las críticas de la familia en cuanto al traslado y vigilancia en un piso tutelado dependiente de la Junta de Andalucía del menor conocido como «El Cuco» imputado por la desaparición y presunto asesinato de Marta del Castillo la noche del 24 al 25 de enero, pero le recordó que su vigilancia «escapa» al ámbito competencial de su departamento.

Pérez de la Blanca puso de manifiesto que «el deber» de la Administración autonómica es aportar los medios materiales que se requieran, por lo que mostró el «máximo» respeto a la decisión adoptada por el Juzgado de Menores en cuanto a trasladar a «El Cuco» a un piso a 50 kilómetros de la familia de la joven sevillana. «La Junta no puede más que mostrar el máximo respeto por las resoluciones judiciales», incidió.

En este sentido, indicó que, si en este caso particular el juez «cree que esa es la medida idónea, evidentemente nuestra obligación es poner un piso para que se cumpla la medida con las condiciones establecidas», y aunque no quiso entrar a valorar la medida en sí, pues la Junta «es ajena» a tal decisión, dijo respetar y comprender que a la familia de la joven «le pueda parecer mejor o peor».

Así, Pérez de la Blanca insistió en el hecho de que la Administración autonómica «se limita exclusivamente a poner los medios en función de lo que el juez dictamine», mientras que en materia de seguridad, «si la resolución recoge que estará vigilado de una forma determinada, así deberá de hacerse», aunque eso ya es algo que «escapa» al ámbito competencial de la Junta.

Preguntado por las medidas que su departamento desarrolla para la reinserción de jóvenes como «El Cuco», el director general de Oficina Judicial, Justicia Juvenil y Cooperación señaló que existen una serie de protocolos y una serie de talleres, atención psicoterapéutica y psicólogos con el objetivo de ofrecer al menor «la posibilidad de encontrar una formación personal que permita que, cuando salga a la calle, sus opciones de reinserción sean mayores». A su juicio, la educación y la prevención «son la clave» en este campo, añadiendo que la mayoría de menores que hoy por hoy acuden a los centros de internamiento de menores infractores pertenecen a espectros sociales «medio-bajos o muy bajos», aunque posteriormente se destina a cada menor un programa específico a través del estudio de la «singularidad» de cada uno de ellos, sin perjuicio de que luego se desarrollen planes de conjunto.

Por último, se refirió a la Ley del Menor y a las propuestas de cambios legislativos, señalando que es una cuestión que requiere de una reflexión «más profunda» y de «cabeza fría», al tiempo que opinó que, «necesariamente, no creo que rebajar la edad penal sea la solución, porque nunca encontraríamos la edad penal idónea donde cortar».