La jueza que instruye el caso Mercasevilla, Mercedes Alaya, se planteó la semana pasada imputar al secretario general de la constructora Noga, que perdió el concurso para la adjudicación del suelo del mercado frente a Sanma pese a que había ofrecido 52 millones de euros más, cuando éste le negó en su declaración que existiera connivencia entre la ganadora y Mercasevilla y le aseguró que Noga no había sufrido ningún perjuicio.

La cuestión es que la empresa «perjudicada», filial de Osuna, acababa de firmar apenas siete días antes del concurso de Mercasevilla un convenio urbanístico con el Ayuntamiento de Sevilla para edificar 36 parcelas en Sevilla Este en las que podrían construirse hasta 2.161 viviendas. ABC ha tenido acceso a los acuerdos del consejo de Gobierno de la Gerencia de Urbanismo del día 8 de febrero de 2006 —el suelo de Mercasevilla se adjudicó a Sando el 15 de ese mes—, en los que se incluye el siguiente punto: «Aprobar el convenio a suscribir entre las entidades Inonsa, S.L., Grupo Inversiones Noga, S.A.U., e Inmobiliaria Osuna, S.A., relativo a la programación de actuaciones edificatorias en parcelas de su propiedad en Sevilla Este».

En la redacción de este acuerdo se detallan las 36 parcelas sobre las que se va a edificar y se especifica que dichas parcelas se encontraban en distinto nivel de cumplimiento urbanístico: 17 estaban incluidas en el Registro Municipal de Solares y abocadas a la expropiación o venta forzosa; a otras 11 les había vencido el plazo para el cumplimiento del deber de edificar; y a las otras 11 les vencía en el mes de septiembre siguiente. Por ello, la Gerencia propone a estas empresas, todas del grupo Osuna, este convenio para la reprogramación de los plazos para el cumplimiento del deber de edificar prorrogándolo en ocho años más. Para ello le pone la única condición de que tiene que edificar al menos 180 viviendas al año, incluidas las parcelas de uso terciario.

Asimismo, el Ayuntamiento adquiere el compromiso de dejar sin efecto legal la inclusión en el Registro de Solares y Edificaciones Ruinosas los que se encontraban en esta situación y eran propiedad de estas empresas. Pero uno de los acuerdos más curiosos se refleja en el punto tercero del apartado dedicado a la «naturaleza administrativa del presente convenio». Dice textualmente: «Facultar ampliamente al tercer teniente de alcalde delegado de Urbanismo —entonces lo era el hoy dimitido Emilio Carrillo— y al gerente de la Gerencia de Urbanismo —a la sazón Manuel Marchena, hombre de plena confianza del alcalde durante todo su mandato— para la ejecución de los anteriores acuerdos y en especial para suscribir cuantos documentos públicos o privados sean precisos, y en particular para sucribir el presente convenio, en el ejercicio de sus propias atribuciones, indistintamente y con carácter solidario». Marchena, por cierto, es actualmente consejero de Mercasevilla.

Es también llamativo el hecho de que este convenio se aprobó con el voto a favor del alcalde, Emilio Carrillo, Alberto Moriña, Gómez Lobo (todos del PSOE) y Paula Garvín (IU), mientras que Jaime Raynaud, Vicente Flores y Alicia Martínez (PP) se abstuvieron y Agustín Villar (PA), votó en contra.

Una semana después, el 15 de febrero de 2008, el concurso del suelo de Mercasevilla se lo adjudicó Sanma, que había ofrecido 52 millones menos que Noga.