El Consejo de Gobierno aprobó en su última reunión del año, los proyectos de Ley de Autonomía Local (Laula) y de participación de los entes locales en los tributos de la comunidad, confiando en que se produzca un «amplio consenso» para su aprobación definitiva en el Parlamento. Sin embargo este acuerdo no parece cercano. El PP-A consideraba ayer que son una «burla» al poder local, ya que no es una transferencia sino un «intervencionismo»; mientras que IU apuntaba que las normas están muy lejos de las aspiraciones de los municipios.

El consejero de Gobernación, Luis Pizarro, señaló que «se trata de unas leyes de trascendencia histórica». Apuntando que una vez que el Ejecutivo ha hecho sus deberes, ahora le toca el turno a los partidos en el Parlamento, donde se han remitido las dos normas. El consejero recomendó especialmente al presidente del PP-A, Javier Arenas, cuyo partido se ha posicionado en contra de las dos leyes «sin dar una sola razón», que haga una lectura «sosegada, profunda y tranquila» de los textos y que, sobre todo, pregunte a sus alcaldes la opinión que les merece las futuras leyes. «Tendrá muchas dificultades para decir que no».

«Espero que Arenas y Valderas estén a la altura de las circunstancias y no defrauden a sus alcaldes», dijo Pizarro que auguró, no obstante, que el PP vuelva a rechazarlas

El proyecto de Ley de Autonomía Local establece una nueva arquitectura municipal al determinar, de forma clara y precisa, las competencias de ayuntamientos y diputaciones. Los consistorios tendrán 29 competencias propias , mientras que las instituciones provinciales asumen la asistencia a las corporaciones en diversas materias. En cuanto a la Ley de Participación de las Entidades Locales en los tributos de la Junta, fija la colaboración financiera con los municipios andaluces y los criterios de distribución.